Peligrosa ausencia de política criminal

La manera en que se viene gobernando el Perú desde el Congreso, sin que haya ninguna reacción por parte del Poder Ejecutivo, que no reclama sus fueros para definir la política criminal, nos ha sumido en un desgobierno promovido por el imperio del poder de quien puede más.
Un Congreso que se ha constituido en poder constituyente, sin ninguna autorización para reformar la Constitución, ha venido modificándola según la conveniencia de los líderes de los partidos políticos. A esto se suman varias leyes transgresoras de la Constitución y de los derechos ciudadanos, motivadas por intereses propios.
Lo anterior constituye delitos contra el orden constitucional, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de función y corrupción de funcionarios públicos. Los medios de corrupción más evidentes, como las ventajas políticas, justifican en sus conciencias la deliberada violación de la Constitución. Además, como vienen fabricando también su ensamblaje de impunidad, apresuran la reforma judicial para tener sus propios jueces y fiscales que los exoneren de toda responsabilidad.
En este escenario de confusión, parece justificada la aprobación de leyes inorgánicas e irracionales frente al crecimiento agravado de la delincuencia, promovido intencionalmente por poder extranjero para propiciar leyes como esas, que en realidad no favorecerán la lucha contra la criminalidad, sino que abrirán la puerta para perseguir a todos los que se opongan a la dictadura del gobierno mundial y nacional. Esto se hará mediante la fabricación de atestados policiales por falsos delitos descubiertos en supuesta flagrancia, con pruebas sembradas contra personas inocentes, sin que la Fiscalía ni el Poder Judicial puedan efectuar un control constitucional bajo amenaza de ir a la cárcel.
La ausencia de una verdadera política criminal se hace más patente en medio del desconcierto de la hiperactividad legislativa, que va en contra de una política criminal razonable. Un gobierno que ha abdicado de su función ejecutiva en materias de seguridad nacional y ciudadana, y que ha entregado el país a intereses extranjeros, cumpliendo un plan de gobierno y políticas ordenadas por organismos internacionales, no puede definir ni ejecutar una política criminal nacional que vaya en contra de las políticas de la agenda 2030-2045, que promueven la violencia, la migración criminal, la muerte y la destrucción.
El pueblo desesperado está tomando justicia por mano propia. Los fiscales advierten que aplicarán la Constitución por encima de cualquier ley que la vulnere, y los jueces harán lo mismo, no por contención, sino por mandato constitucional. El orden constitucional se ha quebrado, y la asonada popular de insurgencia constitucional, al amparo del art. 46 de la Constitución, se ve más razonable y justificada que nunca.

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