El peligro de la ley de fiscalización de ONG

En el año 1999, realicé una Investigación sobre Acceso a la Justicia en América Latina, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, con financiamiento del BID, y la participación de expertos en administración de justicia de 7 países de América, centrándome en el caso del Perú. El entonces Coordinador Académico José Thompson, actual Presidente del IIDH, integró los informes de cada país en un libro “Acceso la Justicia y Equidad” (2000).

Una de las secciones de la plantilla de investigación se refería al rol de las ONG en la defensa de los derechos humanos, incidiendo en la identificación de las que hicieron el mejor trabajo en la década de los 90.

En las páginas 279 a 281 del libro, apliqué las variables de la matriz de evaluación a la recopilación de datos sobre el trabajo de las ONG, citando a las más exitosas por su seriedad y competencia institucional en la defensa de los derechos humanos desde los años 80.

Lo que pudimos advertir tuvo un impacto a partir del 2000, en el destino de los fondos de algunas organizaciones donantes, como la Open Society de George Soros, que empezó a darles a estas ONG, millones de dólares, pero redirigiendo su línea de acción a la promoción y ejecución de la agenda de dominación globalista 2030 de la ONU.

Habían descubierto que el financiamiento puede condicionar la línea de acción de las ONG, integradas por un liderazgo intelectual nacional, que podía influir en la gestión gubernamental, y las convencieron de dirigir sus esfuerzos a la ejecución de la agenda “progresista” de reconocimiento de “nuevos derechos humanos”, que en verdad son postulaciones ideológicas vulneradoras de los derechos humanos ya reconocidos por todos los tratados internacionales que el Perú ha suscrito.

El dinero de la élite globalista las echó a perder, pues el despotismo con que han venido imponiendo esta perniciosa agenda en las políticas y normas legales gubernamentales, montando campañas mediáticas contra los defensores de los derechos humanos verdaderos y afectando el pensamiento colectivo, financiando medios de comunicación, con grave afectación de la moral y cultura social, y del presupuesto nacional; hace razonable una ley de fiscalización del destino de sus fondos, por seguridad y soberanía nacional.

Pero, el Estado ciego y sordo que viene ejecutando la misma perversa agenda, pese a las clamorosas denuncias ciudadanas, no puede fiscalizar la ilicitud en que él mismo participa, bajo peligro de usar esta ley para vulnerar libertades e impedir el trabajo legítimo de las ONG que mantienen el rumbo correcto por el Perú.

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