Alejandro Tudela Chopitea

El bolondrón armado en torno a la investigación aprobada por el Pleno del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tiene tela como diría un buen amigo español y lo que ocurra al final –aunque suene a perogrullada– pondrá en juego las precarias bases de la institucionalidad democrática del país en general y del sistema de justicia en particular.

No cabe duda de que la difícil coyuntura política, social y económica por la que atraviesa el país, está para borronear otras cosas.

Aunque este Gobierno reitere a los cuatro vientos que no existe en agenda evaluar el retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH con sede en San José, el debate está servido.

Primero fue el ubicuo Premier que habló sobre la posibilidad de abrir el debate en torno a algunas medidas del cacareado “Plan Bukele”. Luego se sumó al entusiasmo el Presidente del Poder Judicial y a continuación salió un alcalde limeño anunciando que había “estudiado” el caso y que era plausible la implementación de algunas de sus acciones en el país.

No tenemos duda de que sin la existencia del Poder Legislativo no es concebible hablar de un Estado Constitucional de Derecho y de un Régimen Democrático Representativo. Con todos sus defectos resulta indispensable como el principal órgano de control y contrapeso político del Poder Ejecutivo aquí y en la Cochinchina.

En el kilométrico Mensaje a la Nación juliano de la sucesora presidencial, ya suficientemente analizado y criticado para bien y mal, doña Dina terminó anunciando la convocatoria del Foro del Acuerdo Nacional (AN), como una suerte de recurso para sustentar o darle forma a su pedido de reconciliación y unidad nacionales tan indispensable como remoto en la actualidad.

Hace poco más de un mes criticamos desde esta columna la promulgación de la Ley No. 31751, que modificó el artículo 84 del Código Penal estableciendo que la suspensión de la prescripción de la acción penal –sea formalizada la investigación preparatoria fiscal y en las etapas del proceso– en ningún caso será mayor de un (1) año.

No sabemos si la jefa de Estado quiso emular el evangélico Sermón de las Tres Horas pero, al menos, sí lo logró en cuanto a la duración de la perorata con un Mensaje a la Nación innecesariamente tan extenso y hasta soporífico al punto que más de uno de los asistentes al hemiciclo parlamentario cayó cerca de los brazos de Morfeo –empezando por el polémico Arzobispo de Lima.

Siguiendo el rito juliano y cumpliendo el mandato constitucional, en unos días la jefa de Estado pronunciará en el Congreso el Mensaje a la Nación anual que deberá contener la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Ejecutivo juzga necesarias y convenientes para su consideración por el Parlamento.

Conversaba –y luego discutía sin llegar a los extremos que se ven cotidianamente- con un buen amigo sobre la mejor alternativa a la coyuntura nacional que vivimos y también sufrimos en cámara lenta. Una a una se nos caían de las manos las opciones. Primero, el adelanto de elecciones aunque sea para mediados del 2024.

Aunque ese día también cae miércoles, mejor pergeñamos ahora estos renglones para que se publiquen una semana antes. Van dirigidas, no tanto a los marchantes de la desgastada y mal llamada “Toma” de Lima y demás, sino al Gobierno de turno para que esta vez SÍ preserve el orden y la tranquilidad públicas como manda la Constitución y no como ocurrió antes.

No sorprende que en el Perú haya una veintena de organizaciones políticas inscritas oficialmente y, tal vez, otra decena en camino cuando termine el año. Es el síndrome del partido propio o de ser cabeza de ratón que nos persigue desde la restauración del régimen democrático en 1980.

La ojeriza contra el presidente del JNE tiene fundamento y viene de atrás, por lo menos desde las malhadadas elecciones generales del 2021.

No sabemos si la jefa de Estado es aficionada al popular programa televisivo latinoamericano “Caso Cerrado” y, si no lo es, al menos lo parece.

La noticia principal debió girar sobre el análisis del “informe semestral” presentado al alimón por quien ejerce la Presidencia de la República y el premier.

Si nos guiamos por las actuaciones en trámite de la Fiscalía de la Nación y de las Comisiones de Ética y Fiscalización del Congreso, alrededor de más de la mitad de los Representantes de la Nación se encuentran bajo investigación por presuntos delitos y otras tropelías y hasta nos quedamos cortos.

Hace unos días se promulgó la Ley No. 31751 que modifica el artículo 84 del Código Penal y que, en apariencia, promueve la celeridad procesal y la mejor impartición de la justicia en materia criminal. No pasaron ni 24 horas de su publicación en el diario oficial y saltaron las alarmas y sonaron las críticas.

Después de casi seis años de tortuosa investigación, el Equipo Especial del Caso Lava Jato ha formulado precipitadamente y festinando la actuación de diligencias de descargo, la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal, pidiendo que se le impongan 35 años de pena privativa de la liberta