Los izquierdistas siguen uniéndose, mientras la derecha se resquebraja. ¿Sabemos qué nos espera si la izquierda gana la elección de abril de 2026? El caos que vivimos tras doce años de procomunismo con Velasco Alvarado será un reflejo del desastre que se apoderó del Perú per secula seculorum.
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Luis García Miró Elguera
La izquierda arremete contra la norma que regula el control de multimillonarios recursos remesados a nombre de entes “pantalla”, conocidos como ONG, que manifiestan recibirlos anualmente en consigna —fundamentalmente desde fondos opacos del extranjero sin control alguno del Estado— y egresan libres de fiscalización por la Sunat.
La mafia gorritiana que opera al interior del Ministerio Público, a través de la pantomima de Fiscal de la Nación llamada Delia Espinoza, exige al Poder Judicial que suspenda 36 meses al ex fiscal supremo Luis Arce Córdova; magistrado todavía no reintegrado a sus funciones tras haber sido destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por encontrarse injustamente involucrado en la
El caso de Carlos Alberto Guillén Moreau —venezolano de 19 años que escapó del centro juvenil Maranguita, luego participó en un asalto con armas en Huaral— es un grave escándalo. Resulta que un “juez” ha permitido su retorno al mismísimo centro de reclusión juvenil de donde fugó, siendo ahora mayor de edad y reincidente en el crimen.
Los peruanos hemos alcanzado tales niveles de autodestrucción, de irresponsabilidad y de estupidez, que superamos cualquier parámetro internacional. Atravesamos por un túnel de sombras, dudas, amenazas, peligros y cuanta tragedia pueda uno imaginar, que nos impide comprender la magnitud del esperpento que tenemos delante.
Brasil denuncia al Perú por presuntas violaciones a los procedimientos jurídicos en el arbitraje internacional del Gasoducto del Sur proyectado por Odebrecht. Según la denuncia, nuestras autoridades habrían utilizado pruebas consideradas inválidas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, obtenidas desde los sistemas Drousys y My Web Day B de Odebrecht.
La seguridad jurídica en el Perú es absolutamente inexistente. Todos los procesos legales están regidos, bien por el poderoso caballero Don Dinero o por el interés político; en vez de responder al principio fundamental de la correcta aplicación de las leyes de la República y la Constitución del Estado.
Tras la renuncia —por inepto y desinformado— del expremier Gustavo Adrianzén, resulta que la presidenta Dina Boluarte ha hecho lo que sí sabe hacer muy bien: profundizar el daño que su torpeza le causa a los peruanos, incorporando a ministros —cada cual más farolero y presumido— sin que reúnan las cualidades que requiere el cargo para el que han sido nombrados; y removiendo al único ministro qu
El desgobierno avanza vertiginosamente mientras crece la descomposición del país de manera exponencial. La presidenta Boluarte ha perdido el norte, y el Perú camina a pasos acelerados a un escenario bastante conocido. El vacío de poder es manifiesto.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propuso en mayo una nueva legislación para suspender y/o anular la inscripción de vigentes/nuevos partidos políticos que usen firmas falsas en sus padrones, para garantizar la fiscalización y transparencia del sistema. Aquellos que infrinjan estos principios serán retirados del proceso de inscripción de partidos.
El Siglo XXI cogió a contramano al Perú. A partir de ese momento empezaron todos los cataclismos que, sucesivamente, vienen arruinándole la vida a la gran mayoría de sus ahora desdichados ciudadanos. No hay tregua ni tampoco espacios de la vida en que la desgracia no se imponga sobre el quehacer diario de nuestra población.
Como ya nos tiene acostumbrados, este gobierno cree que con improvisaciones y brulotes resuelve los, cada vez más severos, problemas que enfrenta; sin imaginar que lo que hace es profundizarlos por falta de experiencia y porque no comprende que una seria coyuntura como la actual —en vísperas de elecciones— demanda no solo soluciones urgentes, sino, por encima de todo, coherentes e inteligentes.
“Daniel Olivares saltó a la fama fumándose un ‘porrito’ en plena sesión del Congreso, pero ahora, con el pretexto de defender el medioambiente, dirige una ONG que ha recibido 13’990,000 dólares de USAID en los últimos años.
Sin temor a equivocarnos, la vacancia presidencial es el deporte peruano del siglo XXI.
En el Perú contemporáneo, la minería informal —así como la ilegal— representa una amenaza nuclear para el futuro de la nación.
Hasta el primer trimestre de este año, Petroperú ya había perdido S/.470 millones (US$11 millones). Adicionalmente, entre 2013 y el mes pasado los “salvatajes” que han venido otorgándole sucesivos gobiernos –empezando por Ollanta Humala– a la petrolera estatal superan largamente los US$6,500 millones de dólares.
Como gran cosa, la presidenta Dina Boluarte anunció “medidas excepcionales”: instalar una base militar y aplicar el toque de queda como toda estrategia para restablecer el orden en la convulsionada ciudad de Pataz, región La Libertad, después de conocerse el asesinato de 13 mineros a manos de bandas terroristas vinculadas a la minería ilegal.
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