¿Paisucho de tercer mundo?
La izquierda arremete contra la norma que regula el control de multimillonarios recursos remesados a nombre de entes “pantalla”, conocidos como ONG, que manifiestan recibirlos anualmente en consigna —fundamentalmente desde fondos opacos del extranjero sin control alguno del Estado— y egresan libres de fiscalización por la Sunat. Esto último no ocurre con usted, amable lector, ni con los demás ciudadanos. Esta norma la aprobó hace meses el Congreso y la promulgó el Ejecutivo. Sin embargo, no existe sustento legal alguno para que cualquier persona, natural o jurídica, reciba remesas secretas ni disponga localmente de estas sin la correspondiente fiscalización tributaria. ¡Acá nadie tiene corona, señoritos oenegeros!
Aunque durante los años transcurridos, pusilánimes presidentes y legisladores jamás se atrevieron a controlar los ingresos y gastos de estas misteriosas, impenetrables, ocultas, confidenciales, reservadas, sigilosas, encubiertas, anónimas e ignotas ONG. En el interregno, sin embargo, Perú ha soportado una brutal declinación sociopolítica y una atroz transformación cultural que, en estos momentos, lo hace absolutamente ingobernable. Culpables de esto son las ONG —en rigor, laboratorios de ideas armadas por “fabricantes” de humo teledirigidos por el neocomunismo post caída del Muro de Berlín— y por sus financistas, mayoritariamente multimillonarias fundaciones extranjeras que descargan sus impuestos “ayudando a enseñarles a gobernarse” a las naciones tercermundistas, para que continúen su reverencial sumisión a los países más poderosos del orbe, como sucede actualmente. Empezando porque los ciudadanos de paisuchos como el nuestro —así nos consideran los dueños de las ONG— somos tan, tan infelices que —alegan— somos incapaces de administrar Justicia por nuestra cuenta. ¡Por esa razón, el primer mundo nos mantiene sometidos a la transnacional Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en Costa Rica!
De acuerdo a la ONG Coordinadora de Derechos Humanos —defensora de Abimael Guzmán y su bastión de terroristas— la citada ley “limita el derecho de asociación y participación ciudadana vía las 1,834 ONG registradas, permitiendo disolverlas sin causa justa ni debido proceso, y facilitando la intervención del Congreso en asuntos del Ejecutivo a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).”
Para todos los efectos, las ONG —activistas— tienen una agenda política teledirigida del exterior, sujetando el desembolso de los fondos que remesan a que los receptores cumplan fielmente las instrucciones de sus mandantes. A ello responde su rechazo a que el Perú registre el ingreso y/o egreso de esos fondos, pues los planes y programas de las ONG solo los conocen y ejecutan, subrepticiamente, ellas y sus mandantes; en todos los casos, sin control alguno del Estado peruano.
No se dejen amedrentar, señora presidenta Dina Boluarte, señores legisladores y ministros. Perú es quizá el único país del planeta que no controla una peligrosísima fuente de subversión, amotinamiento y manipulación sociopolítica. ¿Acaso es dable que las ONG recibieran el año pasado más de US$1,400 millones sin que el Estado sepa en qué se aplicaron? Evidentemente, cientos de millones de dólares acabaron financiando sangrientas —afortunadamente, fracasadas— revueltas, urdidas por ONG conocidas, para desmontar a presidentes electos por los peruanos y sustituirlos por gente pagada por ellos.
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