La politizada justicia peruana
La seguridad jurídica en el Perú es absolutamente inexistente. Todos los procesos legales están regidos, bien por el poderoso caballero Don Dinero o por el interés político; en vez de responder al principio fundamental de la correcta aplicación de las leyes de la República y la Constitución del Estado. Esta realidad —duela a quien le duela y desmoralice a treinta y tres millones de peruanos— es la espantosa verdad del Perú del siglo XXI. Porque toda nación sin justicia está condenada al desastre.
Según la RAE, justicia es el único principio moral que lleva a determinar que TODOS los ciudadanos vivan honestamente; y la sociedad se rija por los dogmas de rectitud, equidad, normalidad, neutralidad, objetividad, honradez, honestidad, probidad y razón. Vale decir que los fundamentos de la justicia verdadera están en las antípodas de los razonamientos que, a lo largo del tercer milenio, han adquirido muchos jueces y fiscales que conforman nuestro sistema de justicia. Esta realidad es tangible. Por más que hiera a los auténticos hombres de leyes que integran el citado sistema, la verdad es que los abatidos pobladores de este otrora vibrante país hoy sobreviven en un páramo de favoritismos, iniquidades, atropellos, abusos, componendas, privilegios, desafueros, parcialismos, inmoralidades, sinrazones, etc. Este es el fruto de la politización de la justicia impuesta por la mafia caviar que, con el auspicio de la comunidad internacional de sociedades opacas —llamadas ONG; a su vez paridas y amamantadas por gigantescas fundaciones transnacionales—, apelando a un plan de adoctrinamiento proveniente del exterior, han envenenado a nuestros jueces y fiscales con la perversa currícula neocomunista, consistente en utilizar la justicia como instrumento político para dirigir estos países tercermundistas sin valorar la auténtica voluntad del pueblo expresada a través de elecciones libres.
En el mundo civilizado, los magistrados dictan justicia apelando a principios de racionalidad jurídica, con métodos interpretativos preestablecidos en la ley. Entre tanto, en la politización de la justicia, el juez no fundamenta sus argumentos en la coherencia jurídica, sino en la racionalidad política (argumentos subjetivos de ocasión y conveniencia), desprendidos de las tendencias ideológicas de quienes las tomen como referencia —no como norma— para su decisión. Los auténticos jueces están sometidos sólo a lo que prescribe la ley; vale decir, a juzgar y sentenciar conforme a lo que esta ordene. Por el contrario, donde la justicia está politizada, como acá, los procesos judiciales están influenciados por factores políticos. Estos se manifiestan desde la designación de jueces y fiscales, la presión que ejercen los grupos políticos sobre los tribunales, la ausencia de separación real entre los poderes del Estado y, finalmente, la peligrosa pérdida de confianza del ciudadano en el Estado.
En lo último estriba nuestra monumental explosión de informalidad, la que imposibilita toda acción del Estado sobre lo que constituye la mayor parte de su población; de modo que el país marcha por cuerdas separadas de sus poderes constitucional y judicial, dejándolo en manos de una maquinaria política absolutamente informal, pervertida y al margen de la ley.
Reiteramos: ¡Fuera los gorritis de nuestro sistema de justicia!
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