Grave encrucijada nacional

En el Perú contemporáneo, la minería informal —así como la ilegal— representa una amenaza nuclear para el futuro de la nación. Como país eminentemente minero, resulta alucinante haber llegado al extremo de permitir que la sangre que da vida a la economía nacional —la minería formal— se haya transformado en factor que carcome el banco de oro donde, según Antonio Raimondi, aparece sentado el Perú. Nos oponemos a digerir que la minería informal —como la criminal— haya crecido exponencialmente estas últimas décadas; al extremo de estar en vías de consolidarse como actividad lícita con profundas raíces socioeconómicas y medioambientales.
Pero ¿cómo así hemos llegado a semejante estupidez? Pues imponiendo impresentables sobrecostos y formalidades a la minería legal, gracias a gobernantes zurdos o caviares como Humala, PPK, Vizcarra, Castillo y Boluarte, y aprovechando el silencio cobarde de la gran minería que, sumisamente, asume altos gravámenes a los minerales —en especial al oro que extrae— lejos de invertir en multimillonarias instalaciones para atender la extracción legítima de minerales. Todo lo contrario a lo que el Estado hace con la minería informal, que opera boyante y libremente en regiones auríferas como Madre de Dios y La Libertad.
Las principales razones que han consolidado al Frankenstein de nuestra minería están en la inexistente fiscalización estatal —y persecución legal— a la minería operada por ghettos criminales. Al punto de admitir el ingreso descontrolado e impune de mafias foráneas, asociadas a sus pares locales. Asimismo, influye la actitud suicida de los mencionados gobernantes de fomentar el avance informal como medio devastador de nuestro territorio, permitiéndole al ilegal arrasar territorios, deforestar nuestra ceja de selva y contaminar con mercurio espacios liberados por las mafias ilegales delante de las propias “autoridades”. Finalmente, tenemos la complicidad de “pensadores” y de “partidos” políticos que azuzan demagógicamente. Ejemplo, Hernando de Soto, proponiendo inútiles, facilistas “procesos de formalización” como Reinfo, generando desconcierto y frustración. Son palpables los yerros cometidos por los gobernantes, los mineros formales y los politicastros. ¿Resultado? ¡Esos gobernantes han consolidado el terrorismo en zonas como Pataz, panal de rica miel para bandas criminales con implicancias delictivas, socioeconómicas y medioambientales para el resto de la sociedad!
Lamentablemente, tanto la gobernante Boluarte como los servicios de inteligencia del Perú no atinan a establecer una política efectiva contra el terrorismo y la minería ilegal. Factores como que los presupuestos destinados a combatir la minería ilegal han disminuido en 40 % desde 2019, afectando seriamente cualquier capacidad operativa. Hay otros hechos graves. La minería ilegal ha instalado redes criminales que operan con suma violencia y corrupción, mediatizando cualquier intervención estatal. Asimismo, influye la falta de grupos de trabajo multisectoriales para combatir la ilegalidad. Esto fomenta el contrabando del oro ilegal hacia países con inexistentes regulaciones, incentivando así su producción y exacerbando el caos generalizado en regiones como Madre de Dios y La Libertad. En consecuencia, imponiendo el crimen y generalizándolo en sus peores manifestaciones.
El sector privado requiere ponerse firme; y el Estado, actuar con inteligencia, inmediatez y fortaleza. ¿Seremos tan pobres diablos de no poder conseguirlo?

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