Ángel H. Romero Díaz

Parece que al coronel PNP, Harvey Colchado, se le viene la noche. Él era jefe de la Diviac, habiendo quedado fuera de este equipo especial de la policía que trabaja como apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Enfrenta una investigación iniciada por la Inspectoría General de su institución y ahora se especula que podría ser pasado a retiro.

Las oleadas masivas de migración interna en el país se llevaron a cabo a mediados del siglo XX cuando nacen los distritos más populosos en Lima, sobre todo en los conos norte y sur de la Metrópoli.

El mundo sigue perplejo.

¿Qué deseamos escuchar mañana en el mensaje a la Nación? Como si fuera una verdad de Perogrullo, los peruanos esperan, principalmente, que la mandataria centre su intervención en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Han pasado 203 años desde que el libertador Don José de San Martín proclamó, a viva voz, que somos un país “libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”. Desde entonces, el Perú avanzó marcando su destino entre sobresaltos y períodos de paz y una historia de nunca acabar.

La demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial quedó al voto en el Tribunal Constitucional. Los alegatos de los abogados de una y otra parte fueron escuchados en directo por el país que ahora aguarda con expectativa la decisión final de los integrantes del TC, garante supremo de la constitucionalidad.

Como van las cosas, de sólo imaginar lo que podría ocurrir en las próximas elecciones generales nos produce temor y desconcierto. Si esto no se corrige en el camino y los líderes de partidos y movimientos políticos no se ponen de acuerdo con sensatez y amor al país no sabemos si iremos directamente camino al caos social y total desgobierno.

Una decisión, aunque tardía, necesaria. Quizás si se adoptaba en su momento, pudimos haber evitado la llegada de bandas criminales que terminaron por alterar nuestra convivencia social que no había conocido esos niveles de violencia y ferocidad instalados en suelo peruano, desde su llegada. Hablamos de esos grupos de venezolanos, si bien pequeños, pero violentos en el mundo delincuencial.

Finalmente, como se esperaba, el ministro de Educación, Morgan Quero, ofreció, hace unos días, disculpas públicas por sus declaraciones que él mismo consideró “inaceptables”, al sostener que las violaciones contra las niñas en las comunidades awajún eran prácticas culturales en algunos pueblos originarios de la provincia de Condorcanqui.

Pertenezco a una generación a la que sólo toca ver el reinado de nuevas tecnologías que cada vez trae asombrosas innovaciones en todos los terrenos, especialmente en las comunicaciones. Es el mundo de las generaciones jóvenes donde los mayores debemos esforzarnos si queremos sobrevivir y adaptarnos a un universo cada vez más competitivo.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen del proyecto que busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura, que sustituiría a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), levantando diversas opiniones entre juristas, constitucionalistas, políticos y ciudadanos que no han dudado en expresar sus adhesiones a esta iniciativa o su rechazo a través de las redes sociales y los medios de

Esta semana, la noticia estuvo en el Congreso de la República.

La atención de los medios de información se ha trasladado, últimamente, a las instituciones que administran justicia en el país. Las noticias y los hechos de interés nacional surgen de ellas. Sus protagonistas dejaron de ser los políticos habituales, elegidos para cumplir con sus funciones en el Parlamento o los ministros miembros de un gabinete convocados por el Ejecutivo. Nada de eso.

Uno de los políticos más controvertidos y bajo sospecha de corrupción es, sin duda, Martín Vizcarra. Tiene abiertas numerosas carpetas fiscales que investigan sus inconductas no sólo por su paso por la presidencia de la República, sino, aún antes, como gobernador de la región Moquegua.

Que el país atraviesa por una crisis política grave, no es novedad, pero sí motivo de preocupación para todos. La población contempla impávida esa especie de pugilato entre poderes del Estado, en especial las que se vienen dando entre instituciones del sistema judicial.

La Presidencia de la República ha sido una institución que supo guardar, a lo largo de nuestra azarosa vida republicana, un cuidadoso prestigio y, muchas veces, solemnidad casi barroca, por los jefes de Estado que por allí pasaron.

Los ánimos están caldeados. Tenemos, por un lado, el proceso disciplinario a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. En su alegato calificó el informe de la instructora Dra. Inés Tello, que recomienda su destitución, como la expresión del “odio y la venganza”, al mismo tiempo, que demandó su derecho al debido proceso.

El doctor Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, fue agredido por una turba a su salida de la Fiscalía de la Nación. Fue maltratado de palabra y de obra por exaltados manifestantes que, en una condenable actitud, lanzaron objetos y desperdicios, seguidos de improperios, al profesional que había acudido al Ministerio Público a mostrar los relojes Rolex solicitados por la fiscalía.