Iniciativas alentadoras

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen del proyecto que busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura, que sustituiría a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), levantando diversas opiniones entre juristas, constitucionalistas, políticos y ciudadanos que no han dudado en expresar sus adhesiones a esta iniciativa o su rechazo a través de las redes sociales y los medios de información convencionales.
Luego de ver las marchas y contramarchas de la JNJ y sus decisiones administrativas cuestionables para muchos, la opinión pública, sensible a estos hechos, fue reclamando un cambio pleno de sus miembros mientras que otros exigían una reorganización total de la institución. Se hacía difícil explicar a la ciudadanía de cómo un órgano importante del sistema de justicia podía garantizar resoluciones justas, cuando las que se dieron en los últimos tiempos dejaron mucho que desear de su imparcialidad.
Los legisladores han creído conveniente, que para garantizar la independencia de juez o fiscal debe crearse la Escuela Nacional de la Magistratura para que sea el único organismo autorizado para la selección y nombramiento de aquellos, luego de un riguroso examen primando la meritocracia, desapareciendo las ratificaciones que no era sino una espada de Damocles para todos los magistrados.
Para ello, el nuevo organismo deberá encargarse de la formación y capacitación de quienes aspiran a integrar la red de aspirantes a futuros magistrados altamente especializados. El ingreso a la Escuela será por concurso público y la formación por un período de dos años. La congresista Gladys Echaíz, autora del proyecto, abrigó la esperanza de que esta iniciativa se debata en el pleno de la próxima semana. Por tratarse de una reforma constitucional deberá ser aprobado en dos legislaturas sucesivas y por mayoría calificada; es decir, con el voto de 87 congresistas como mínimo.
La otra modificación que se propone tiene que ver con la elección de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Procesos Electorales (Reniec), reservado, actualmente a la Junta Nacional de Justicia. De aprobarse la reforma constitucional, ambos funcionarios serán elegido o removidos por el Senado de la República del próximo congreso. “El Senado está creado con la intención de que sea integrado por ciudadanos serenos, ponderados como para que la reflexión y el bien nacional prospere, así que no hay preocupación alguna”, explicó a la prensa Echaíz.
La JNJ, por su parte, rechazó esta iniciativa. En comunicado público señaló que eliminar este organismo “afecta al sistema de justicia y la institucionalidad en el país”. Sin un mínimo juicio autocrítico, los representantes de la JNJ señalaron que, de prosperar la iniciativa, en el país “se corre el riesgo de pervertir el sistema de justicia, como ocurrió en el pasado”. Además del riesgo de una injerencia del poder político, expresaron que una reforma del sistema de justicia debería ser meditada, escuchando a los organismos técnicos competentes y a la ciudadanía. Así las cosas, habrá que esperar si la directiva agenda el dictamen en esta legislatura de modo que se estaría dentro de lo dispuesto por la Constitución de dos legislaturas sucesivas para debatir y aprobar un cambio constitucional.
Por otra parte, esta semana, el Congreso aprobó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China en un viaje oficial entre el 23 y 30 de junio.
La mandataria viajará a dicho país atendiendo una invitación del gobierno chino, en el que está previsto una entrevista con el presidente Xi Jinping, además de reuniones con altos ejecutivos de importantes empresas y corporaciones de ese país asiático.
China es hoy en día, una fuente de inversión. Están los datos, la balanza comercial que es muy favorable para nuestro país. No había razón para impedir el viaje de la presidenta. Sólo esperamos que los técnicos que la acompañen o los empresarios, si acaso lo hacen, estén a la altura de las circunstancias y de nuestras expectativas nacionales.

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