Nada dura para siempre
Parece que al coronel PNP, Harvey Colchado, se le viene la noche. Él era jefe de la Diviac, habiendo quedado fuera de este equipo especial de la policía que trabaja como apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Enfrenta una investigación iniciada por la Inspectoría General de su institución y ahora se especula que podría ser pasado a retiro. Este proceso se basa en una solicitud de la Inspectoría a las dependencias de la policía para que informen qué oficiales y suboficiales se encuentran con procesos disciplinarios vigentes por faltas graves y muy graves.
Esto no le parece regular a su abogado, quien cree que el objetivo de los altos mandos es poner a Colchado fuera de la PNP; es decir, pasarlo al retiro por haber tomado parte en el allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte y por haber circulado en sus redes sociales la imagen de una torta que le habían regalado por su cumpleaños, donde se podía ver una clara alusión a ese controvertido episodio.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que no había razón para creer en la hipótesis del abogado, puesto que se trata de un pedido de rutina para ver qué oficiales tienen procesos disciplinarios que les impidan ser condecorados o ascendidos.
“A mí me corresponde únicamente rechazar de manera categórica que la presidenta pueda tener algún acto concerniente a esta situación y menos que pueda constituir una represalia de parte suya”, dijo, a su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negando que la presidenta Boluarte pueda tener alguna injerencia en el procedimiento. No se sabe la suerte que correrá el otrora empoderado coronel, convertido en poco menos que un héroe por la prensa adicta a su persona. Veremos qué pasa.
En tanto, en el Congreso, el parlamentario Edward Málaga presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y su exministro de Salud, Víctor Zamora, por el uso irresponsable de las pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19 que dejó más de 180 mil personas fallecidas en el país. Los acusó de haber infringido varios artículos de la Constitución y de estar incursos en los delitos de homicidio doloso y falsedad ideológica y genérica al no decir la verdad a la población acerca de la efectividad de las pruebas rápidas.
“Yo he querido darle un ángulo distinto independientemente de si esa compra fue irregular o si hubo corrupción. Yo he dicho, incluso, que aunque fueran regaladas, su uso, la decisión de usar esas pruebas al inicio de la pandemia, sobre todo cuando había que descartar los contagios, ha sido antitécnica, en contra de todas las recomendaciones internacionales, y se nos dijo muchas cosas que no eran ciertas”, señaló a la prensa el parlamentario. En efecto, se dijo que las pruebas rápidas compradas en la gestión de Vizcarra, lejos de proteger a la población, terminaron por confundir y elevar la tasa de mortalidad por el virus. Será en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso donde se verá la suerte que corran el expresidente y su exministro de Salud.
Debe tenerse en cuenta que son miles las víctimas por un deficiente manejo de estrategias para enfrentar correctamente la pandemia. Existe sospecha de actos de corrupción en la adquisición de las pruebas rápidas no recomendables durante el período de Vizcarra, que la comisión del Congreso y las autoridades competentes deberán investigar adecuadamente con celeridad y criterio de justicia.
Por otro lado, los jueces, en especial los del ámbito penal, están preocupados con la dación de dos leyes de suyo importantes, una referida a la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, y la otra que modifica la norma que regula lo concerniente al crimen organizado, determinando las características concurrentes para su tipicidad. En ambos casos, si bien tienen la posibilidad de realizar el denominado “control difuso”, es decir, la no aplicación de la norma al caso concreto, corren el riesgo de ser denunciados, habida cuenta de que dichas leyes tienen una advertencia expresa en el sentido de que deben ser aplicadas “bajo sanción de responsabilidad funcional”. Esperemos el pronunciamiento de la Corte Suprema y del propio Tribunal Constitucional.
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