Justicia politizada

Que el país atraviesa por una crisis política grave, no es novedad, pero sí motivo de preocupación para todos. La población contempla impávida esa especie de pugilato entre poderes del Estado, en especial las que se vienen dando entre instituciones del sistema judicial. Nunca habíamos asistido a un escenario de tanta polaridad ni encono entre quienes debieran dar a talla de ser demócratas a cabalidad; tolerantes, no sólo de palabra, sino en sus actos.
Las buenas formas de una convivencia sana que caracterizaron nuestro pasado no muy lejano, han dado paso a la agresión fácil del insulto, a la ofensa gratuita y la acusación sin sustento, a la sospecha permanente que descalifica al ser humano, afectando su dignidad. Y no hay que ser zahorí para advertir que esto es lo que ocurre todos los días. Sólo nos basta leer o escuchar los titulares informativos de la prensa nacional para entender que asistimos a un modo de vida perverso, hostil y cainita en el país.
Hace unos días, el ex miembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, advirtió en una sólida entrevista publicada en este mismo diario, que asistimos a una politización de la justicia, advirtiendo de sus graves consecuencias para las instituciones que administran justicia y que otrora fueron muy respetables. Sin embargo, ponderó, con justicia, la labor que cumple el TC para devolver la tranquilidad en la población frente a un panorama que podría presentarse sombrío y desalentador.
Ha dicho el doctor Eto, refiriéndose a la situación actual, que “no debe llamarnos a preocupación, porque una de las atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional es resolver problemas de dos naturalezas, los procesos de inconstitucionalidad y los problemas derivados de los conflictos de competencia. Entonces, en estos momentos, parte del centro de gravitación de la crisis política en el país es por los conflictos que existen en la estructura del poder político”, puntualizando que cada órgano tiene sus atribuciones, sus prerrogativas competenciales, que es lo que está ocurriendo, que un órgano se inmiscuye en el otro, o no deja desarrollar las atribuciones que tiene y se generan estos conflictos” Entonces, no habría por qué decir que tenemos un “congreso golpista”, por ejemplo.
La crisis ocurre, entre otras razones, como bien advierte el tribuno, “porque no existe una cultura política individual y colectiva mínimamente sólida, y parte de la culpa hay que endilgarles a los partidos políticos que no han formado y no han consolidado los valores de la democracia. No hay líderes políticos, hay una crisis en los partidos” Y en cuanto a los órganos de justicia, señala con propiedad que
“la JNJ está politizada a través de muchos de sus miembros, al igual que el Ministerio Público y parte del Poder Judicial, una concepción ideológica al que la prensa y los políticos llaman el sector caviar y su meta es llegar a cubrir el Ejecutivo en las elecciones.
Es por ello, que resulta importante destacar el proyecto de ley de la congresista Gladys Echaíz el cual propugna la creación de una Escuela de la Magistratura donde la meritocracia debe ser el único norte por seguir para elegir a jueces y fiscales, dejando de lado el factor de dependencia que existe actualmente (quien te nombra, te puede destituir), desapareciendo la ratificación que es una espada de Damocles para los magistrados. Consideramos que este proyecto debe consolidar la independencia de los jueces y fiscales, no deberán su nombramiento a nadie, solamente a su propio sacrificio. Esperemos que el proyecto se concrete.

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