¿Y ahora qué viene?

La atención de los medios de información se ha trasladado, últimamente, a las instituciones que administran justicia en el país. Las noticias y los hechos de interés nacional surgen de ellas. Sus protagonistas dejaron de ser los políticos habituales, elegidos para cumplir con sus funciones en el Parlamento o los ministros miembros de un gabinete convocados por el Ejecutivo. Nada de eso. Ahora son fiscales que libran una lucha encarnizada por el poder, al interior del Ministerio Público, o miembros de la Junta Nacional de Justicia que forman parte de esta extraña lucha que uno no sabe qué persiguen con sus decisiones, las más polémicas, de estos últimos años.
La situación se ha tornado, particularmente, expectante a los ojos de la población debido a la decisión reciente de la Corte Suprema de Brasil de anular todo lo actuado en contra de Marcelo Odebrecht, principal cabeza del grupo del mismo nombre, que tendrá, seguramente, graves consecuencias en los procesos que se siguen en el país contra empresarios, altos funcionarios y líderes políticos. Aunque los fiscales a cargo de esos hechos digan todo lo contrario y sostengan que nada significativo pasará. Veremos qué ocurre cuando sean los magistrados del PJ quienes tengan que pronunciarse.
Por lo pronto la exprocuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma se adelantó en advertir que las investigaciones llevadas a cabo, durante años, por el equipo liderado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, podrían quedar sin efecto, debido a que su trabajo estuvo fuertemente ligado a las delaciones premiadas que provenía de Brasil. “Lo que sucede es que aquí, en Perú, ellos se han acogido al procedimiento de colaboración eficaz, pero los elementos de convicción se han obtenido a través de la cooperación internacional de la justicia brasileña. Entonces, todos esos medios de prueba también van a seguir el mismo curso de la nulidad que se está pretendiendo desde Brasil”, señaló Vilcatoma.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, por su parte, aseguró que la decisión de la corte brasileña no tendrá mayor impacto en los procesos que se llevan a cabo en nuestro país. Pese a las muchas críticas en contrario, formuladas por juristas de gran prestigio en nuestro medio, Vela considera que la situación judicial de Marcelo Odebrecht en Brasil es diferente a la que enfrenta en nuestro país. Eso lo mantiene, al parecer, confiado en lo realizado por el equipo Lava Jato. Señaló que las evidencias recabadas ya se hallan ingresadas en el Ministerio Público. Y en el caso de Jorge Barata destacó que sea un colaborador eficaz en el Perú bajo las leyes peruanas. Sea cual fuere el rumbo, veremos en su momento, cuánto daño se pudo haber hecho en este proceso al no haber sido más fuertes y contundentes en las medidas confiscatorias como para negociar una eficiente colaboración de los más altos ejecutivos de la empresa corruptora brasilera y de sus socios en nuestro país.
Por otra parte, contra lo que el buen y sano criterio hacía pensar, la Junta Nacional de Justicia terminó destituyendo de su cargo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusándola de haber cometido falta grave al “interferir” en la investigación a su hermana, la juez Enma Benavides, acusada de recibir, presuntos pagos por sobornos para liberar a narcotraficantes, cesada también en su cargo. Fue la miembro titular de la JNJ, María Zavala, quien propuso la sanción. La medida se veía venir, debido a las inusuales decisiones, una tras otra, adoptadas por dicho organismo con el propósito, a las claras, de deshacerse de la fiscal Benavides del Ministerio Público.
Es indudable, que decisiones de tal naturaleza deben manifestarse con una argumentación de alta relevancia, de lo contrario se ratificaría aquello que se viene sosteniendo en el sentido que solo ha primado la arbitrariedad. Esperemos por la salud del país, que ello no haya ocurrido.

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