Roberto Rendón

El acuerdo de la Comisión de Constitución del Congreso (24/02/2023) de “archivar” el proyecto de adelanto de elecciones al 2023 presentado por la presidenta Dina Boluarte ya ha generado riesgos de convulsión, que podría ser nacional. No es un hecho aislado. Es probable que se incrementen las “movilizaciones” en provincias y Lima.

Multitudes se movilizan exigiendo que “se vayan todos” del Ejecutivo y Legislativo y elecciones inmediatas. También hay descontento por el incumplimiento de los plazos procesales en acciones judiciales en que incurren los “administradores de justicia en nombre de la Nación”. Importantes magistrados supremos declararon que existen miles y miles de expedientes sin sentenciar.

Empeoran las movilizaciones de protesta en provincias y Lima contra la presidenta Dina Boluarte. Su objetivo es tomar Lima para precipitar su “caída”; van más de 50 muertos y cientos de heridos entre manifestantes y policías y las masivas protestas continúan. Exigen nuevas inmediatas elecciones generales.

La actual crisis política deviene desde las posturas que adoptaron los aspirantes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo desde la convocatoria a las elecciones del 2021.

Se evidencia una descomposición política en el Perú que viene desde gobiernos anteriores. La desconfianza ciudadana es por el descrédito de los electos para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no solamente porque han mostrado incapacidad para resolver los problemas nacionales que afectan a la población sino porque hay corrupción que ya no se puede silenciar.

No es un buen recuerdo. En la década de 1980 estremeció el terrorismo. Fue coincidente con las elecciones de 1980; en Chuschi (Ayacucho) quemaron las ánforas y las cédulas de votación. Sendero Luminoso en adelante inició “una lucha armada” en provincias de Ayacucho y la extendieron a Apurímac y Huancavelica llegando hasta Lima. A partir de 1983 los ataques no se limitaron al campo.

El inciso 4 del artículo 2° de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de opinión. Una preocupación generalizada de la colectividad es que los jueces en las acciones judiciales a su cargo no cumplen los plazos procesales que les fijan los Códigos y Leyes procesales.

¿Seguir con las confrontaciones, generando o “inventando” otras para estimular las convulsiones “populares”? Cualquiera que sea la fecha de las elecciones adelantadas, el Presidente y los congresistas seguirán en sus cargos por más de un año calendario, tiempo suficiente para resolver problemas esenciales del país.

Hoy, excepcionalmente domingo, primero de enero, fiesta inconmensurable, casi todos nos deseamos “un feliz 2023”. El sueño personal y colectivo se convertía en una esperanza de vida para cada uno, la familia y todos sin excepción.

En enero de 2023, el nuevo presidente del Poder Judicial asumirá el cargo. Él afrontará los problemas de la Administración de Justicia. Son un desafío para resolverlos con inteligencia, constancia, honestidad, responsabilidad y sacrificio; el Perú lo requiere y es necesario afrontarlos.

La Administración Pública en los tres Poderes del Estado está colapsada por acción y/u omisión –inconsciente y/o deliberada– de los que han sido o son servidores públicos, políticos y/o autoridades. No han cumplido y/o no cumplen con sus obligaciones establecidas en la Constitución (Artículos 102°,103°,118°,125°,138°,139°) y normas legales específicas.

Al margen de la confrontación política reflejada entre el Ejecutivo y el Legislativo, había quienes pedían “que se vayan todos, elecciones generales”. Vacado el presidente, comenzaron graves convulsiones populares en provincias y Lima. Exigen nuevas elecciones generales.

Pedro Castillo Terrones, torpemente, invocando como presidente el artículo 134° de la Constitución el 07/12/2022 pretendió disolver el Congreso de la República y éste con 101 votos de congresistas a favor, 6 en contra y 10 abstenciones aprobó su vacancia como presidente de la República, aplicándole el inciso 5 del Artículo 113°  y el artículo 117° “por disolver el

Estamos viviendo una crisis política con repercusión en la economía y lo social. Parte de los congresistas optan por vacar al Presidente Pedro Castillo; es su tercer intento. Para hacerlo requieren 87 votos de congresistas (2/3 del número hábil). Pareciera que no persistirán en la suspensión. En respuesta el Presidente busca disolver el Congreso.

¡Qué interesante! El candidato presidencial del Partido Perú Libre, don José Pedro Castillo Terrones, en los mítines políticos desde octubre de 2020 impactó a su probable electorado presentándose con lápiz en mano y lo que sería su “clásica” presentación pública, con un sombrero grande de paja. Esta era su identidad política.

Desde hace mucho tiempo en diarios “informan” sobre la devolución a los trabajadores (ahora cesantes) de los aportes que les obligaron a efectuar mediante descuentos obligatorios de sus remuneraciones. Algo les devolvieron luego de una campaña de reclamo, pero quedó una importante cantidad sin devolverse. Los fonavistas se movilizan solicitando que les devuelvan el saldo.

Los electos congresistas son peruanos que han cumplido 25 años; representan a la nación como lo establece el artículo 14° del Estatuto de los Congresistas.

En 1988, cuando por razones académicas estuve en Praga, fui invitado por el embajador peruano en Checoeslovaquia, don Igor Velázquez Rodríguez, a una recepción en su embajada. Me sorprendió que, en la mesa principal, en una gran fuente había plátanos (que aquí son populares todo el año) y no suelen ofrecerlos en recepciones importantes.