Renzo Reggiardo

El ataque en pleno concierto a miembros de una orquesta en un evento con gran cantidad de asistentes representa la extorsión en su máxima expresión.

El derecho a la protesta pacífica se respeta y se garantiza, pero no se deben tolerar que minorías violentas usen este derecho como un medio para sembrar el caos.

No nos cansaremos de repetir que la extorsión cada vez más cruenta y asesina tiene aterrorizada a gran parte del país, con el reclamo de la población al gobierno por la percepción generalizada que no están tomando acciones, porque la prensa informa de bandas que se disputan el cobro de cupos a una misma empresa, como es el caso de transportes, cuyos choferes son acribillados sin piedad delante

Como ya hemos expresado en ocasiones anteriores, la creación de la Policía Municipal en Lima Metropolitana contribuirá con la solución del problema de la inseguridad ciudadana al asumir algunas funciones de la Policía Nacional, como por ejemplo el control del tránsito, al liberar efectivos que pueden ser asignados a otras actividades e incrementar su capacidad operativa.

El delito de extorsión constituye la principal preocupación de la población peruana y su efecto no solo responde a la intensidad de sus prácticas violentas, sino también a la dinámica de las formas en las que se estructuran los sujetos detrás de las extorsiones.

El 30 de agosto el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2026, donde se aprecia que el total de gastos proyectados asciende a la suma de S/ 257,561’619,143.00. En esta oportunidad haremos una revisión rápida del monto asignado para orden público y seguridad, materia de nuestro interés y tema de nuestra columna semanal.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Informe Técnico Nº 05 de julio 2025, señala que en el período enero a junio 2025, el 26.8% de la población urbana a nivel nacional ha sido víctima de robo o intento de robo de su pertenencia, mientras que la percepción de inseguridad fue del 85.1%, es decir, la sensación de la población es de ser víctima de algún hecho delictivo.

La brecha entre la capacidad de albergue y la población privada de libertad origina el grave problema de hacinamiento que a nivel nacional en el mes de mayo alcanzó el 145%, de una capacidad de albergue de 41,764 la población penal fue de 102,493, siendo los de mayor sobrepoblación Arequipa con 269%, Huancayo 215% y en el caso de Lima el 170%.

Una de las actividades de la prevención de la inseguridad ciudadana es el patrullaje vehicular que deben realizan las diversas dependencias policiales a nivel nacional, con unidades debidamente equipadas, por la naturaleza misma del tipo de tareas para las que son utilizadas y la variada geografía de las regiones del país por donde deben recorrer y que permitan mitigar la incidencia de la crimi

La Presidenta de la República en su mensaje del 28 de julio en materia de seguridad ciudadana, señaló que se ha implementado el “Plan Perú Seguro”, como una estrategia integral orientada a restablecer el orden interno, proteger a la ciudadanía y fortalecer el estado de derecho en todo el país, el mismo que tiene cuatro ejes: (1) Prevención Integral del Delito, (2) Control territorial estratégic

La presidenta Dina Boluarte en su mensaje de fiestas patrias, en el tema de seguridad ciudadana, mencionó el Plan Celador que movilizará a más de 6,500 policías por día quienes reforzarán la seguridad en Lima y Callao, con patrullaje a pie, motorizado e inteligencia operativa.

Como ya hemos expresado, la política pública de seguridad ciudadana, desde la perspectiva de los organismos multilaterales, debe incluir por lo menos la atención de los siguientes aspectos: (a) la prevención de la violencia y el delito, (b) el control y la persecución del delito, (c) la rehabilitación y reinserción social, y (d) la atención a las víctimas.

Una de las principales herramientas a la cual recurre el Estado para controlar el orden público es el uso de la fuerza. Se puede decir que es la primera manifestación de la intención estatal de mantener el orden (al margen de las posteriores labores fiscales y judiciales).

Vivimos tiempos en que la seguridad ciudadana exige mucho más que reacción. Exige anticipación, proximidad y eficiencia. Y eso solo se logra cuando el enfoque es territorial, cuando conocemos la realidad de cada barrio, cada esquina, cada dinámica local. La creciente ola de criminalidad en ciudades como Lima exige soluciones locales, ágiles y tecnológicas.

La idea de la creación de una Policía Municipal nace como una alternativa a la creciente ola de criminalidad las principales ciudades y está basada en el concepto que una policía local permite un mayor acercamiento a las necesidades de la comunidad y debido a su categoría de policía tendría algunas de las atribuciones propias a la Policía Nacional.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Informe Técnico Nº 03 de junio 2025, señala que en el período noviembre 2024 a abril 2025 el 26.8%, de la población peruana ha sido víctima de robo o intento de robo de su pertenencia, mientras que la percepción de inseguridad fue del 85.3%, es decir, la sensación de la población de ser víctima de algún hecho delictivo.

Ante la proximidad de la campaña electoral, hay que tener bien en claro las funciones de cada uno de los poderes del Estado en materia de seguridad ciudadana y los candidatos no hagan ofrecimientos que están fuera de su competencia. Así, tenemos que el Ejecutivo si bien cuenta con competencias amplias, no concentra todas las funciones.

El Banco Mundial en su Informe Económico América Latina y El caribe de abril 2025, señala que, en la región, la violencia letal es más alta que en cualquier otra región del mundo, que a pesar de representar solo el 9 por ciento de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En los últimos 20 años la tasa promedio de homicidios es 8 veces mayor que la del mundo.