Crimen organizado en países de América Latina y el Caribe

El Banco Mundial en su Informe Económico América Latina y El caribe de abril 2025, señala que, en la región, la violencia letal es más alta que en cualquier otra región del mundo, que a pesar de representar solo el 9 por ciento de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En los últimos 20 años la tasa promedio de homicidios es 8 veces mayor que la del mundo.
El crimen organizado se ha expandido rápidamente en la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Los grupos criminales son parte de una vasta red internacional que se involucran en una amplia gama de actividades ilegales, que va desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes, la minería ilegal y la deforestación.
Sobre los factores que pueden estar contribuyendo al incremento del crimen organizado en la región señaló que, durante la década de 2010, aumentó considerablemente la demanda mundial de cocaína, oro ilegal y el tráfico ilícito de migrantes, lo que atrajo nuevos participantes y que las medidas represivas de varios gobiernos después del 2005 resultaron en una reorganización de los grupos de crimen organizado y un nuevo panorama de actores, antiguos y nuevos, en competencia.
El reporte agrega que la falta de oportunidades, facilita el reclutamiento de jóvenes en las organizaciones criminales que le ofrecen ingresos superiores que los mercados legales y que las políticas para prevenir el reclutamiento deben ser una prioridad en la lucha contra el crimen organizado. Estas políticas deben incluir intervenciones educativas focalizadas, programas de prevención y protección basados en la comunidad y la resocialización de antiguos delincuentes. La prevención no puede reemplazar las políticas de seguridad, pero es un complemento fundamental. Igualmente, una buena política de seguridad sin medidas de prevención será insuficiente en el largo plazo.
El crimen organizado no solo afecta el bienestar de los ciudadanos, sino también el crecimiento económico de un país distorsionando la inversión; incrementando los costos de transacción de las empresas y reduciendo su competitividad. Asimismo, los gastos dedicados a la seguridad pública desvían recursos que podrían ser dedicados a la salud, educación e infraestructura y mejorar la vida de las personas.
El estudio señala que para reducir la amenaza del crimen organizado en la región, se requieren de soluciones coordinadas y la colaboración internacional, los mismos que deben incluir plataformas para el intercambio de información que les permita detectar rápidamente los actos criminales.
En nuestro país saludo el anuncio del Primer Ministro para evaluar la factibilidad técnico legal de la creación de la Policía Municipal, iniciando el piloto en Lima Metropolitana, que estamos seguros contará con el apoyo respectivo. Mi propuesta, el cual vengo trabajando desde hace más de 10 años y que fue tratado en diversas oportunidades con autoridades del Poder Ejecutivo incluyendo el actual, es producto de las experiencias de diversas ciudades que cuentan con este cuerpo, donde tuve la oportunidad de observar su funcionamiento y los resultados. La Policía Municipal que asumirá las funciones de control de tránsito y persecución de delitos menores, permitirá a los miembros de la Policía Nacional orientar sus acciones a otros ámbitos de la seguridad ciudadana.

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