Rafael Romero

Bajo el título “El ciudadano.

Si no hubiera una gavilla de forajidos que ha tomado el poder político para repartirse cargos burocráticos, digitar licitaciones y meter mano en el presupuesto nacional, esta es la hora en que la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, estaría llevando a buen puerto y sin contratiempos una serie de reformas en el Ministerio Público, cargo que asumió el pasado 1 de julio.

Desde que empezó la pandemia en Perú, el 15 de marzo de 2020, durante el tristemente célebre gobierno de Vizcarra, pocas mentes visionariamente plantearon la necesidad y oportunidad de apoyar la vacuna peruana, que acaso hubiera contribuido a tiempo para salvar millones de vidas en el mundo, pero primó la indiferencia y el maltrato.

En redes sociales hemos apreciado el coraje y dignidad de una ciudadana a las puertas de Palacio de Gobierno, concretamente en la calle Pescadería donde se encuentra la Presidencia del Consejo de Ministros.

Guillermo Salas, “Chicho” para la familia aliancista, es chimbotano de nacimiento, nació el 21 de octubre de 1974, dos meses antes de la inauguración del Estadio de Alianza Lima, del coloso Alejandro Villanueva, un 27 de diciembre, hace 48 años; y está al frente del club íntimo de La Victoria, como director técnico interino.

La pregunta del titular de esta columna cobra actual y palpitante vigencia, más aún a la luz de lo que acontece en el proceso judicial que viene siguiendo la Asociación de Microempresarios Villa 2000 y desde su batalla administrativa ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

En los pasillos del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación ha causado escozor la documentada denuncia del ciudadano Jorge Chau Chang desde “Radio La Poderosa Televisión” y “La Hora Municipal TV”, el pasado 2 de septiembre, según la cual en una de las tantas fotografías del presidente Pedro Castillo aparece una persona enmedallada hasta no más, de nombre Guillermo Abraham Berdejo Díaz.

Tenía que ser del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), aliado del actual inquilino de Palacio. Ad portas de las elecciones del 2 de octubre, tenemos que ser exigentes con la transparencia de los candidatos.

La desesperación de Pedro Castillo y su gabinete felón pasaron a materializar descarados actos de intimidación, represalia y de vulgar venganza contra la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y contra el principal oficial del equipo especial de la Policía que llegó a Palacio de Gobierno para aprehender a la cuñadísima Yenifer Paredes.

Definitivamente, cuán importante es que la cabeza de una institución esté bien enfocada y sea consecuente con el cumplimiento de la ley. Este es el caso de la doctora Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, quien en dos meses le ha dado al Ministerio Público un rumbo legítimo, respetable y seguro.

La problemática de las rondas campesinas es pan de todos los días, especialmente con el gobierno de Pedro Castillo.

Vivimos la mayor crisis agrícola y la tan promocionada “revolución agraria” de Pedro Castillo no es nada más que corrupción, dejando mucho que desear el papel del Programa de Desarrollo Productivo Agrario (Agro Rural), y esto en medio de la adjudicación de la buena pro, hasta en tres procesos, para adquirir fertilizantes que requieren los agricultores.

Esta historia conmueve mucho porque se trata de un joven emprendedor que es víctima de la envidia, la venganza de los “ventajistas” y las amenazas de gente sin calidad ni decencia.

El Club Alianza Lima, fundado hace 121 años (15 de febrero de 1901), tiene historia y trayectoria que lo hace acreedor de significativos epítetos: “el equipo del pueblo”, “Alianza Lima es el Perú” y “los íntimos de La Victoria”.

Hay casos que no debería ignorar el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Las rondas campesinas del presente no son ni la sombra de lo que eran antes. Están desprestigiándose aceleradamente, caen en la barbarie y cometen excesos al violar los derechos fundamentales de quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino.

Una cosa es con guitarra y otra con cajón, una cosa es estar fuera del despacho de la Fiscalía de la Nación y otra liderar desde su más elevada magistratura a una entidad fundamental de la legalidad como es el Ministerio Público.

Es encomiable la labor de los funcionarios públicos del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación dedicados al estudio, la investigación y el análisis de los asuntos propios de las entidades a las cuales prestan servicios.