Luis García Miró Elguera

El año pasado, el hoy reo por golpista imputado por corrupto, Castillo Terrones, dio su último mensaje por Fiestas Patrias, previo al infausto mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, cuando desató el golpe de Estado del 7/12/22.

Desde esta columna siempre hemos criticado la incapacidad de entrega de la mayoría de peruanos –con verdaderos valores personales, morales, académicos, políticos, etc.– para servir al Estado, aportando su preparación intelectual y formación moral para mejorar no solamente la tan venida a menos calidad del Estado peruano, sino para, desde su ámbito de desempeño al interior del Estado, ayudar a e

La elección de esta Mesa Directiva del Congreso podría garantizar que el país mantenga la inestabilidad, como fundamento. Inestabilidad política, social, económica, etc. Inclusive abrirle las puertas al retorno de aquella aventura comunista que tuvo como espolón de proa al hipercorrupto y golpista Pedro Castillo.

El caos político, sumado a la incompetencia de sucesivos presidentes –todos procesados por corrupción, y otros caminos a esto mismo– comienza con Toledo, el inefable hombre de Cabana quien, sin serlo, fungía de político y economista.

De un tiempo a esta parte, la presidente Dina Boluarte viene desconcertando al país. Aunque parezca imposible, perturba con mayor vehemencia de la que ya solía hacerlo, desde que asumió la presidencia tras la vacancia de quien fue su compañero de plancha presidencial; luego su jefe en el gobierno.

La presidente Dina Boluarte, lleva año y medio ejerciendo la jefatura del Estado de una nación sistemáticamente volada en pedazos por sus predecesores en el cargo. Pero Boluarte sigue gestionando el país sin tener programa de gobierno, en momentos muy críticos en lo social, político, económico, sanitario, etc., como los que arrastra el Perú hace demasiado tiempo.

A l paso que van la cosas, lo más probable es que la izquierda acabe copando la Mesa Directiva del Congreso. La descomposición de la política nacional es de vértigo. El fulminante, como siempre, es un combinado de corrupción con mediocridad y envidia.

¡Lo único que faltaba! Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos dar medidas provisionales de protección a Jorge Luis Salas Arenas, aún presidente del JNE Jurado Nacional de Elecciones, frente a “las constantes amenazas de grupos extremistas”.

¡Y la elefanta parió un ratón! Esa cacareada “toma de Lima” fue pálido remedo de las sangrientas asonadas entre diciembre 2022 y marzo 2023. La diferencia fue que, esta vez, el Estado estuvo algo mejor preparado y pudo desbaratar, en buena medida, la carga de virulencia que engloban esas marchas organizadas por las izquierdas criollas.

¡La mayoría ciudadana rechaza la violencia! Sólo quiere trabajar en paz para reconstruir su país, recuperar el inmenso patrimonio que ha perdido el Estado y, consecuentemente, rescatar los bienes propios que se han esfumado.

Días atrás, comentábamos sobre el peligro de la llegada a Lima de gente que reside en regiones incluso muy alejadas, con el objeto de “tomar” la capital de la República. Personas mayormente sin recursos que supuestamente deberán hacer frente a gastos de transporte, alojamiento y comida durante al menos dos semanas. Como sucedió durante la anterior toma de la capital.

Anarquista, como siempre, la grita de las izquierdas demandando “adelanto de elecciones” sólo está dirigida a profundizar el caos en que se encuentra el país. Responde a la vieja táctica comunista orientada a consolidar el desastre que produjo el secuestro del poder por una organización criminal dirigida por Pedro Castillo.

Ante la mirada de cualquier observador, los peruanos somos una comunidad incauta, irresponsable, inclusive suicida. Insistimos en ignorar el pasado y en vivir el presente rodeados de advertencias y de riesgos. Apercibimientos que olímpicamente pasamos por alto.

Con el cuento que tiene tres patas, cuando el gato tiene cuatro, este gobierno y los políticamente correctos insisten en permitir “la toma de Lima”, alegando que la población tiene expedito su legítimo derecho a la protesta. Vamos por partes. ¡Tomar Lima –vale decir, capturar la capital del país- no es un legítimo derecho! Acá ni en país alguno del mundo.

Es una realidad que al Estado peruano sólo ingresa a trabajar –y permanecerá allí hasta su jubilación o muerte– la gente menos preparada de la sociedad. Ese drama se ha venido agudizando desde mediados del siglo pasado. Conforme el tiempo avanzaba aumentaba la población mundial y mejoraron las condiciones socioeconómicas, fundamentalmente.

Más que nunca, hoy resulta indispensable defenestrar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, abogado comunista defensor de terroristas, luego juez; por último estratégicamente digitado como presidente del ente que supervisa nuestras elecciones generales, en noviembre de 2020.

Mientras la izquierda criolla no cesa sus frenéticas actividades disociadoras y subversivas, el centro ideológico peruano intenta por todos los medios redimir las millonarias pérdidas económicas y materiales, consecuencia del costo que implicó la pandemia a inicios de 2020.

El 29 de agosto de 2021, el fiscal José Domingo Pérez pidió 29 años de cárcel para Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa que admitió habernos robado, amable lector, la friolera de US$10 millones que recibió en aportes ilegales de Odebrecht y OAS. La acusación a Villarán es por delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica.