Las leyes están para cumplirlas; no para manipularlas o adecuarlas a conveniencia. Menos aún para hacerlas efectivas cuando le parezca oportuno al juez o a la autoridad de turno.
Según el diccionario de la RAE, la ley es un precepto dictado por la autoridad competente que manda o prohíbe algo, en consonancia con la justicia para el bienestar de la sociedad.
La política estadounidense solía ser sólida, previsible, confiable. ¡Hasta que dejó de serlo, desde que la fanfarria, la argucia y la falta de credibilidad hicieran su trabajo! Como, lamentablemente, verificamos que ocurre ahora en ese país. Desde luego, no al extremo que estamos acostumbrados acá. Pero lo suficiente para hacerle perder credibilidad.
En forma apresurada y, muy probablemente, festinando trámites y atentando contra la legislación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituyó en sus cargos, de los que fueron destituidos por falta grave por mandato del Congreso de la República, a Aldo Vázquez e Inés Tello Bonilla.
La sociedad peruana actual debe estar ranqueada dentro de las más disociadas del planeta. En rigor, no existe sociedad en este país. Lo que exhibimos es un conglomerado de gente de las más variadas especies, capas sociales, credos, etc.; pero sin el más mínimo sentido de unidad. Aunque sí con el más descarado ánimo para la pendencia con quienes nos rodean, y por la razón que fuere.
Vientos de fronda -impulsados por el extremismo de siempre- amenazan con ensangrentar las Fiestas Patrias, bajo el pretexto de impulsar un paro nacional cuya verdadera intención es desestabilizar y derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte.
Preferible ser majadero que irresponsable y conformista. Desde esta columna venimos insistiendo, inclusive cansinamente, en graficar la caótica situación por la que atraviesa el Estado peruano, a partir del terremoto sociopolítico desatado por una corrupción extendida por toda nuestra nación. ¡Consecuentemente, entre todos los estamentos en que se basa la sociedad!
Si realmente los peruanos aspiramos a tener, ¡por fin!, elecciones democráticas confiables, limpias, exentas de trampas, de dudas o lo que fuera, entonces no podemos admitir que el Jurado Nacional de Elecciones siga siendo presidido por un comunista cuestionado por la escandalosa participación que tuvo en los comicios de 2021, cuando le regaló el triunfo a Pedro Castillo, comunista como él.
La izquierda prepara su zarpazo electoral para los comicios de 2026. Su silencio es elocuente.
¿Qué aguarda el Congreso para ponerle fin a esa payasada conocida como el “Caso Lava Jato”?
No obstante los suculentos argumentos que contiene, la carta que la semana pasada remitieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto Dina Boluarte, presidenta de la República, como el presidente del Congreso peruano Alejando Soto, ha merecido escasa -en algunos casos incluso nula- atención de los medios periodísticos locales.
Los caviares avanzan con su agenda para continuar controlando las elecciones generales y tener en vilo al país. ¡Es su mejor táctica para seguir ejerciendo poder fáctico sobre el Estado, sin necesidad de tener los votos de la ciudadanía! ¡Esto está acreditado a lo largo del tiempo!
Hay casi treinta partidos y otros tantos candidatos presidenciales inscritos, dos años antes de las elecciones generales previstas para el año 2026. La explicación más clara del zoológico político que sigue siendo el Perú.
Prepotente, insolente y despectivamente, la Corte IDH emitió un burdo comunicado ofendiendo a los poderes del Estado peruano. Aquello disgustó justificadamente al país, y al Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien rechazó el ucase de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofensivo a nuestro Estado.
La Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial del Perú son antros establecidos para desempeñarse contra la ciudadanía, a la cual los jueces y fiscales –que forman parte de ambos supuestos centros impartidores de justicia– buscan arruinarle la vida por razones políticas e ideológicas, manipulados por una casta podrida más conocida como “los caviares”.
Vayamos por partes. Dina Boluarte no tiene talante democrático. Lo escribimos al día siguiente que ella asumió la jefatura del Estado, en medio de una estremecedora crisis sociopolítica, económica y estructural del Estado peruano.
Durante toda una década, los hampones fiscales que han manipulado ese sainete bautizado como el proceso Lava Jato se dedicaron a perseguir políticamente –no criminalmente, como correspondía– a quienes no se sometieron a la mafia caviar que, desde el día uno del régimen instaurado por Alejandro Toledo, secuestró el Estado poniéndolo a sus órdenes.
¿Qué fue de aquella intelligenza peruana capaz de construir el país y de destacar en muchos campos? El Perú no ha sido toda su historia esta nación harapienta que es ahora, moralmente devastada, socialmente acomplejada, políticamente enemistada, económicamente arruinada, estructuralmente informal y culturalmente chicha.
Seguimos siendo el pelele de la Corte IDH, desde que Gustavo Gorriti embrujara a Alejandro Toledo convirtiéndolo en súbdito del omnipotente, inescrupuloso George Soros. A partir de entonces, la mafia caviar secuestró el Perú. Gorriti encontró una veta muy lucrativa en el poder y el dinero que aquello podría generarle a su patrón Soros. Hablamos del rubro Derechos Humanos.
