¡Presidente del JNE debe ser defenestrado!

Las leyes están para cumplirlas; no para manipularlas o adecuarlas a conveniencia. Menos aún para hacerlas efectivas cuando le parezca oportuno al juez o a la autoridad de turno.

Según el diccionario de la RAE, la ley es un precepto dictado por la autoridad competente que manda o prohíbe algo, en consonancia con la justicia para el bienestar de la sociedad.

La permisividad en materia de ley –y del orden– es una de las peores lacras que puede exhibir quien ostente la jerarquía suficiente para, en nombre del Estado, hacer cumplir la ley. No es cuestión de si se aplica o no, ni de cuándo se administra.

¡Solamente se trata de imponerla cuando se ha infringido la ley! ¡Cualquiera que sea! ¡No cuando lo decida la autoridad! Sin embargo, en este Perú del Tercer Milenio donde el Estado está sustituido por las ONG que creen que las leyes deben cumplirse solo por los ciudadanos que las respaldan, la ley no es igual para todos. Se aplica de una manera para los caviares y de otra para el resto de la sociedad.

¿O acaso olvidan a Susana Villarán?

Entendiendo por caviar al que desprecia a quienes no comulgan con doctrinas comunistas o socialistas basadas en pensamientos totalitarios vigentes en Cuba, Venezuela o Nicaragua; y/o al que reniega de la cultura progre woke.

Un ejemplo emblemático lo tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); supuestamente un órgano fundamental para asegurar la existencia de una democracia plena.

Quien lo preside es una persona francamente cuestionada; hasta considerada ideologizada por sus poses trasnochadas provenientes de las vertientes comunistas; habiendo incluso defendido a terroristas condenados por crueles asesinatos. Hablamos de Jorge Luis Salas Arenas, cuya trayectoria ahora ya es ampliamente conocida por nuestros lectores.

A este individuo nunca se le investigó por el más que cuestionado proceso electoral de 2021, donde quedó flotando que movió fichas y fechas para facilitarle el triunfo a Pedro Castillo.

¡No obstante, jamás se le imputó por esta traición al elector! Existen otras múltiples acusaciones contra este individuo; algunas incluso adormecidas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Como aquella que lo acusa de contratar a allegados para ejercer altos cargos en el JNE; otra por recomendar a un asesor suyo para trabajar en la Corte Superior, siendo él vocal de la Corte Suprema; o aquella irregular contratación del politólogo experto en nada, Fernando Tuesta, para que preste onerosos servicios en el JNE que preside el mismo Salas Arenas.

No existe explicación para semejante permisividad hacia quien tiene la última palabra en materia de que el JNE cumpla fielmente la voluntad de los millones de peruanos que votan confiados en que se respetará la expresión de su voto.

No así las compadrerías que su presidente mantiene con el comunismo, las izquierdas u otra organización interesada en manipular las elecciones de este país. ¡Salas Arenas no tiene la confianza de los peruanos! ¡El Congreso debe removerlo cuanto antes!

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