No somos colonia de nadie

No obstante los suculentos argumentos que contiene, la carta que la semana pasada remitieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto Dina Boluarte, presidenta de la República, como el presidente del Congreso peruano Alejando Soto, ha merecido escasa -en algunos casos incluso nula- atención de los medios periodísticos locales.

La misiva expresa el rechazo de ambos poderes del Estado ante un ucase de la CIDH, exigiendo al Legislativo peruano no aprobar una ley contra crímenes de lesa humanidad que se encontraba en debate; y que en caso lo hiciera, el Ejecutivo se abstenga de ratificarla. Una intolerable intromisión que linda con el manoseo a nuestra Constitución.

Perú es miembro nato de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con derechos plenos vigentes. Como tal, somos una República soberana cuya Constitución y sus leyes merecen el absoluto respeto de ambas organizaciones dependientes de la Organización de Estados Interamericanos OEA.

Sin embargo, como denunciamos recientemente, nuestro país sigue siendo vilipendiado en forma por demás grosera, tanto por la Corte como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El trato que recibimos de la CIDH no sólo es despectivo, sino pleno de intenciones preconcebidas. Al extremo que Perú debiera plantear una cuestión de confianza ante la Organización de Estados Americanos OEA para despejar, cuanto antes, este intolerable maltrato que daña la honorabilidad de nuestra nación. Resultan inadmisibles -y por lo demás humillantes- los comentarios y versiones sobre nuestro país que trascienden de los funcionarios, jueces y otros poderosos personajes pagados con dinero de los peruanos, entre otros latinoamericanos. De ninguna manera podemos dejar que estos foráneos sigan haciendo escarnio del Perú, como cotidianamente vemos con estupor e indignación.

Especial atención merece uno de los párrafos de la carta enviada a la CIDH, conjuntamente por las cabezas de nuestros poderes Legislativo y Ejecutivo, donde señalan: “No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

El “de momento” pudiese llegar en cualquier instante; salvo que la CIDH pida disculpas públicas y nos otorgue el trato respetuoso que merecemos como país soberano, independiente y autónomo. Y además, que de una vez por todas la CIDH deje de lado esa actitud prepotente, grosera y nauseabunda que expone al referirse a nuestra nación.

Caso contrario, la advertencia que acaba de recibir la OEA, a través de la CIDH -organización dependiente de la primera; aunque actúa como autónoma sin reunir los más mínimos fundamentos para serlo- deberemos hacerla efectiva. Basta recordar que en esta oportunidad, la respuesta de nuestro Estado se ha dejado sentir con mayor calado.

La razón no es otra que la impertinente, prepotente resolución adoptada por los togados de San José, exigiendo a nuestro país “suspender ‘inmediatamente´ el trámite legislativo” de una ley (…), ucase destemplado que mereció ser respondido con el inmediato retiro del Perú de aquella organización antagónica a nuestra nación desde tiempos del régimen Fujimori.

No somos colonia de nadie; menos de esta secta de caviares/comunistas que fungen de magistrados en una desacreditada corte transnacional.

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