Por caprichos del calendario, estos renglones se pergeñan en vísperas del último mensaje a la Nación desde el Congreso del jefe de Estado por lo que poco puede decirse salvo que esté a la altura de la papeleta, léase de una de las más dramáticas coyunturas que sufre el país en toda su historia republicana.
ÚLTIMA HORA
PUBLICIDAD
Alejandro Tudela Chopitea
...
La renovación del Gabinete Ministerial se caía de maduro y se esperaba que no pasaría de estas sombrías Fiestas Patrias debido a la terrible coyuntura que se vive.
Un cliché político de los últimos veinte años es decir que el Congreso de turno resulta peor que el anterior y casi lo mismo sobre el Presidente de la República.
Mientras el mundo sigue sufriendo los azotes del Covid-19 esperanzado en que para finales de año o inicios del 2021 se cuente con la bendita vacuna que pueda inmunizarnos de esta nueva peste china, aquí ha estallado la guerra política entre Ejecutivo y Congreso por la dichosa inmunidad parlamentaria cuyas consecuencias resultan surrealistas e impredecibles cuando el país atraviesa la peor crisi
Parecía un déja vu de lo vivido en el primer y desastroso gobierno aprista pero, afortunadamente, no pasó de una bravata discursiva que duró 24 horas.
Hace casi un mes se hizo público el Laudo final dictado en el extranjero por el caso Rutas de Lima SAC vs. Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La decisión arbitral ordenó a MML el pago de alrededor de S/. 300 millones y su ejecución y cumplimiento difícilmente –por no decir imposible– podrán ser evitados.
Motiva estos renglones la concurrencia al Congreso el día de mañana del premier con el Gabinete en pleno. Antes, una pequeña licencia para dos digresiones. El pedido del fiscal Pérez para que el juzgado evalúe la variación del arresto domiciliario que cumple PPK porque el ex presidente habría transgredido las reglas es un abuso.
La pandemia del Covid-19 ha desnudado –por no decir calateado- las históricas precariedades institucionales y sociales del país. Todos las conocíamos – empezando por la salud pública- pero ahora más que nunca no solo son imposibles de ocultar sino que su subsistencia hace inviable cualquier eficaz proyecto de desarrollo nacional.
A mediados de marzo pasado, El Perú fue destacado en distintos medios internacionales por su radical decisión de declarar la cuarentena nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19. La verdad, no había mejor alternativa que este martillazo en favor de la salud y la vida, a pesar del grave sacrificio económico y social que iba a originar y origina.
La prórroga del Estado de Emergencia Nacional estaba cantada. Ciertamente, el oportuno aislamiento social obligatorio más el toque de queda –a pesar de los miles de irresponsables detenidos y que deberán ser encausados y sancionados- ha servido para la contención y lucha contra la pandemia del coronavirus que azota al Perú y el mundo.
Ese fue el grito repetido por una chica desde la ventana del edificio contiguo poco antes de las 8 de la noche.
Al pergeñar estos renglones el coronavirus bautizado Covid-19 ha llevado al Gobierno a declarar primero la Emergencia Sanitaria Nacional por tres meses y ahora el Estado de Emergencia Nacional por 15 días que decreta el aislamiento social obligatorio y otras medidas. Oficialmente se habla de 71 contagiados y de centenas más en evaluación para descartar o confirmar el diagnóstico viral.
En breve debe quedar instalado el nuevo Congreso y su Mesa Directiva. Con ese acto se habrá superado el interregno parlamentario producido desde finales de setiembre pasado y restablecido institucionalmente el orden y control constitucional.
A raíz de los borrones sobre la Prisión Preventiva (PP) recibimos comentarios a favor y en contra.
La polémica no es nueva y el tema dejó de ser pacifico a los pocos años de la promulgación del Código Procesal Penal (CPP) en 2004 que introdujo esta medida de coerción especialmente eficaz para combatir el crimen organizado y la corrupción.
En los regímenes democráticos parlamentarios es hasta normal que se produzcan con alguna frecuencia las crisis de Gabinete, sea por pérdida de confianza o censuras. Incluso, en el caso de España, se dan gobiernos que no llegan a investirse durante meses y deben gestionar la cosa pública de manera interina y con poderes limitados.
Primero un aviso en blanco y negro y a toda página en el que el Grupo Graña y Montero pide perdón a todos los peruanos y anuncia el cambio de la denominación social. Luego, otro aviso, esta vez televisivo, en el que se ve cómo la marca de la Corporación más importante de la industria de la construcción peruana es retirada de la fachada de su sede matriz.
PUBLICIDAD