Sergio Bolívar

La alianza de China con el régimen de Nicolás Maduro constituye un verdadero desafío para la geopolítica de América Latina.

La corrupción deja ver sus consecuencias devastadoras en Venezuela. Desde Chávez en 1999, y su continuación bajo Maduro, la corrupción en gran escala los arrasó al abismo, malversando fondos, cometiendo fraudes, sobornando militares y funcionarios con el petróleo de PDVSA.

Los discursos presidenciales de Boluarte han dependido demasiado de mirar hacia atrás, abordando con ambigüedad las acciones y logros individuales de sus ministros sin ofrecer una visión de futuro unificada y coherente.

Con la reciente publicación del Decreto Supremo Nº 075-2024-PCM, este jueves 18 se ha enmendado la Política General del Estado con la adición del primordial Eje 10, marcando un firme avance hacia un proactivo liderazgo internacional. Dicho Eje 10 incluye objetivos estratégicos para fortalecer nuestros vínculos con la comunidad internacional, priorizando los intereses nacionales.

Superada la tormenta recesiva del primer trimestre, el Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se mostró recientemente optimista en Nueva York sobre el crecimiento del Perú, estimando una expansión del 6 al 7% del PBI anual.

El aumento de partidos políticos, lejos de enriquecernos, ha resultado en una fragmentación que pone en riesgo nuestra capacidad para gobernar de manera efectiva y predecible. La creciente atomización en el Congreso ha generado que tengamos 13 bancadas y 10 congresistas no agrupados.

Las sombras del pesimismo y reticencia ante el futuro político y económico se ha vuelto un karma depresivo para la mayoría de gerentes generales peruanos. Según Ipsos, apenas el 4% de ellos es optimista hacia las elecciones de 2026, mientras que la mitad predice resultados desastrosos, el resto se resigna a un gobierno mediocre que no altere el modelo económico.

La drástica caída en el apoyo de los gerentes generales de las empresas a la gestión de Dina Boluarte, de 71% en 2023 a tan solo 12% en 2024, según Ipsos, revela una crisis de confianza ocasionada por los crecientes problemas de criminalidad, inestabilidad política y deterioro institucional.

La izquierda peruana proclama oportunistamente la necesidad de “bukelizar” el país, una promesa hueca que busca desviar la atención de los verdaderos desafíos y necesidades. Esta maniobra intenta, de manera absurda, comparar a Antauro con Bukele con la intención de subirse a una tendencia que combina “mano dura” y una retórica anticorrupción en toda América Latina.

El próximo 14 de junio, el ambiente en el Congreso se anticipa tenso por la interpelación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista.

Julio Velarde, presidente del BCR, ha manifestado recientemente nuestra falta de tiempo para organizarnos y encontrar candidatos de calibre, puesto que las normas electorales se fundamentan en la premisa de que existen partidos serios. Aquí surge el dilema introducido por Salas Arenas.

El reciente diálogo entre el Sutep y el Ministro de Educación, Morgan Quero, ha sido un promisorio avance frente al paro de maestros.

La combinación de la presión jurídica y mediática ha generado muchas injusticias, encarcelamientos innecesarios y la amenaza de renuncias de presidentes de Gobierno en varios países. Un término popular para describir esta situación es lawfare, que combina las palabras “guerra” y “ley”.

La resistencia del Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público hacia la creación de la Escuela de la Magistratura revela su falta de compromiso con la independencia y la mejora del sistema de justicia.

Petro se ha convertido en el obstáculo para la inversión en Colombia. Pese a que el gobernante ha prometido respetar la Constitución, sus frecuentes ataques verbales hacia los opositores generan dudas sobre el riesgo de imponer una constituyente en el futuro. Este comportamiento encuentra semejanzas en su anteriormente elogiado excolega Castillo, calificado de golpista.

Ningún peruano puede pasar por alto la reciente rebaja de nuestra calificación soberana de “BBB” a “BBB-” por parte de Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, un cambio que tendrá un costo elevado para todos.

La decisión de no observar el séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido una claudicación del Ejecutivo frente al Congreso.

Parece haber quedado obsoleta la premisa de Gro Harlem Brundtland, reconocida como madre de la conciencia ambiental planetaria en 2010, que defendía la inexistencia de un único modelo de desarrollo sostenible, argumentando que cada nación debía trazar su propio camino.