Injusticia politizada afecta el bolsillo de todos

Ningún peruano puede pasar por alto la reciente rebaja de nuestra calificación soberana de “BBB” a “BBB-” por parte de Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, un cambio que tendrá un costo elevado para todos. Esta pérdida de confianza por parte de los inversores internacionales podría resultar en el pago de altos intereses en los financiamientos del gobierno, empresas y ciudadanos, así como en la reducción del empleo y oportunidades debido a la salida de capital extranjero. A ello se suman el incremento en el precio de los alimentos, combustible y productos en general, además de una máxima incertidumbre al enfrentarnos con una moneda nacional devaluada que limitará nuestro poder de gasto habitual.
Según S&P, la inestabilidad política es un factor determinante en la desconfianza del inversionista, destacando un Congreso fragmentado y un capital político limitado de la administración (“Administration” en inglés). Este punto ha sido atribuido únicamente al gobierno, cuando en realidad apunta a un concepto más amplio que incluye a líderes políticos e instituciones gubernamentales. De esta manera, somos percibidos como un país débil e inestable, no solo por la reciente investigación por el presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Boluarte, que intensificó la incertidumbre, sino también por una justicia que se ha politizado durante años debido a la falta de independencia e imparcialidad de sus jueces y fiscales. Si bien el gobierno y el Congreso tienen una baja aprobación, es sabido que gobiernos niveles similares han logrado recuperarse, como fue el caso de Toledo. Lo que requerimos sin dilación es abordar la degradación funcional de un sistema de justicia que varía sus estándares para cada individuo, perdiendo integridad y credibilidad, especialmente cuando se evidencia una disparidad o injusticia en su seno.
Vemos reflejado el sesgo en la justicia en las recientes acciones del Ministerio Público, como los allanamientos a colaboradores de la fiscal Patricia Benavides o la suspensión de citaciones en la investigación contra Gorriti. Los abusos de poder en los allanamientos, criticados por la exministra de Justicia, Delia Muñoz, constituyen un uso indebido de la figura penal.
Asimismo, se han vulnerado los derechos esenciales, como la libertad de prensa en el caso del periodista Tafur, en el cual la orden judicial para el allanamiento se basó en su labor periodística, menoscabando el derecho al secreto profesional y a la reserva de sus fuentes, a pesar de estar protegidos por la Constitución. Esta situación, junto con la vivida por el expresidente Alan García entre otros personajes políticos, evidencian la persecución política y la aplicación de sanciones desproporcionadas que desalientan al sector privado ante la incertidumbre sobre su seguridad, libertad y propiedad en manos de la justicia peruana.
La reforma del sistema judicial peruano se presenta como una necesidad urgente para fortalecer el Estado de derecho. Actualmente, contamos con dos propuestas de reforma con distintos enfoques: una por la congresista Gladys Echaíz, que busca fortalecer la meritocracia y la profesionalización de la carrera judicial mediante la creación de una Escuela de la Magistratura; y otra por nuestro embajador ante la OEA, José Luis Sardón, que sugiere retornar al sistema de elección de magistrados por parte del Congreso y el Ejecutivo, similar al modelo de la Constitución de 1933. La primera opción podría ofrecernos mayor tranquilidad frente al sesgo político o ideológico de algunos magistrados. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el Congreso tienen la facultad de convocar a todos los sectores de la sociedad a un debate abierto y el consenso sobre la urgente reforma del sistema judicial. Esto contribuiría a cambiar la imagen del país en el exterior, fortaleciendo la estructura democrática y el Estado de derecho, pilares esenciales para la confianza.

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