Por una justicia mejorada
La resistencia del Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público hacia la creación de la Escuela de la Magistratura revela su falta de compromiso con la independencia y la mejora del sistema de justicia. Contrariamente a lo que alegan los directivos de estas entidades, asegurando que comprometería la autonomía de los poderes estatales, la constitución de esta Escuela de la Magistratura facilitaría una reforma judicial orientada a despolitizar los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales. Esto se lograría mediante la implementación de criterios uniformes y objetivos basados en méritos y competencias definidas, logrando así disminuir la influencia política en estos procesos.
Ante la relevancia del tema judicial, es importante contrarrestar las desinformaciones sobre el Proyecto de Ley de la Escuela de la Magistratura propuesto por la Dra. Gladys Echaíz.
1) La necesidad de despolitizar los nombramientos es imperante. A lo largo de 55 años, los cambios implementados no han generado resultados duraderos. Desde la reforma promulgada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, la administración de justicia en el Perú ha atravesado por diversas transformaciones. Las iniciativas buscaban mejorar el proceso de selección, nombramiento y capacitación de jueces y fiscales para garantizar su competencia profesional y su independencia. Se logró eliminar la influencia del Poder Ejecutivo y Legislativo. Pese al cambio hacia un modelo más autónomo, que buscaba involucrar a la sociedad civil, la corrupción y la influencia política siguen obstaculizando sus objetivos, llevando a la transformación del Consejo Nacional de la Magistratura en la Junta Nacional de Justicia, que aún enfrenta críticas sobre influencias políticas y deja la sensación de dudas sobre su efectividad real.
2) La obligación de aprobar cursos específicos para acceder a cargos en la magistratura ha sido un tema de debate largamente discutido. En las discusiones constitucionales de 1993, ya se abogaba por criterios de selección basados en méritos y competencias obligatorios. El proyecto de ley actual busca sustituir el sistema de control disciplinario externo por uno interno, integrando formación y regulación disciplinaria, un modelo inspirado en el sistema anglosajón –se quedan si actúan correctamente–. El objetivo es incrementar la eficiencia en la administración de justicia y avanzar hacia una estructura menos susceptible a la corrupción y más preparada para justificar ampliaciones presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso.
3) Una profesionalización efectiva a través de una escuela dedicada aseguraría que todo magistrado atraviese un riguroso proceso de formación, que abarcaría desde aspectos técnicos del derecho hasta la ética judicial y la resolución de conflictos, con el objetivo de reducir los casos de corrupción y malas prácticas. Actualmente, la Academia de la Magistratura se ha visto limitada a ofrecer cursos nocturnos y conferencias, careciendo del soporte presupuestario y funcional necesario. La situación es tal que, pese a no estar regida por la Ley Universitaria —y, por ende, al margen del sistema universitario nacional—, entidades como el CAEN, la Escuela Nacional del INDECOPI y muchas otras sí lo están. Sentencias del Tribunal Constitucional han subrayado que no es obligatorio cursar formación en la magistratura para postular a cargos judiciales, lo cual ha debilitado el propósito original de la Academia.
El proyecto de la congresista Echaíz se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a independencia y meritocracia judicial, perfilándose como un elemento de potencial influencia positiva, tanto en la economía como en la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la seguridad jurídica lo cual es indispensable para atraer las inversiones que generen empleo y crecimiento económico.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
