Luis García Miró Elguera

El mundo civilizado rechaza el terrorismo, desprecia a los “guerrilleros” y repudia al comunismo. Mientras tanto, en connivencia con sus cofrades caviares, acá los rojos sectarios, además de fanáticos disfrazados siempre de buenistas, pretenden revivir las épocas de abimael guzmán y su dictadura autocrática.

No sólo interpreta la ley a su entera conveniencia; también se resiste a hacer lo que está obligada. La ex juez Inés Tello de Ñecco parece ignorar que ella transgredió la Constitución, permaneciendo como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a haber superado la edad fijada para ejercer el cargo.

La arremetida caviar –contra el avance de la verdadera democracia– se concentra hoy en deslegitimar la justa investigación dispuesta por el Congreso al ex Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque, de modo flagrante, todos sus miembros han cometido una falta grave perpetrando una infracción constitucional, al imponer la interpretación auténtica –estilo F

A pesar de esos miles de millones malgastados (propiamente malversados) por el Estado para construir carreteras, de haberse usado correctamente esos recursos -particularmente a lo largo de este tercer milenio, cuando el Perú recién entendía los beneficios que había acumulado, como consecuencia de la reforma estatal derivada de la Constitución de 1993- quedó en claro que continúa haciéndonos muc

El régimen Boluarte es un gobierno sin respaldo, secuela de un golpe de Estado de quien fuese jefe de la actual mandataria, a quien sucedió no por mérito propio, sino por disposición constitucional.

La fragilidad de la coyuntura se confirma por la volatilidad del mercado, las alzas de precio de los alimentos, la inestabilidad en el abastecimiento de productos básicos, principalmente comida (que amenaza continuar disparando los precios por factores exógenos, como el Fenómeno El NIño), medicinas (encarecidas mundialmente), así como combustibles y consecuentemente el transporte.

El Perú está sometido a un incesante fuego graneado de organismos multilaterales, como Naciones Unidas y la CIDH. Esta última vil apéndice de la OEA.

La pataleta de los caviares es de vergüenza ajena. El último año y medio perdieron fuelle, desvaneciendo el control fáctico que ejercían ante la Fiscalía de la Nación, el poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y muchos otros entes estatales.

Vamos por partes. El Legislativo no es que ahora atraviese por uno de los peores momentos de esos dos siglos de historia que arrastra. Ocurre que, precisamente, ahora pasa por “el peor” momento de su degradada, bicentenaria existencia. El nivel de envilecimiento que ha adoptado es algo que nadie imaginó, esperó, menos deseó para esta básica matriz legislativa y sus integrantes.

Sigue desesperada por cubanizar nuestro país la mafia cleptoterrorista liderada por Pedro Castillo, que ya saboreó los placeres del poder. Ahora necesita recursos para costear la onerosa defensa del ex jefe, preso por golpista, corrupto y destructor del Estado. El ex mandatario sabía que, tarde o temprano, su organización criminal acabaría presa.

Hace una semana, EXPRESO publicó un sesudo Informe sobre las modalidades que usa la inefable Convención Interamericana de Derechos Humanos CIDH para obtener su financiamiento. Un tema tabú, siendo un órgano que se supone exhibe la mayor transparencia y pulcritud, trajeado como el epítome de la escrupulosidad continental.

Sospechosa, prepotentemente, estando a cargo de la jefatura del Estado Francisco Sagasti conoció –aunque no informó– la admisibilidad de la denuncia presentada a la CIDH por el asesino Víctor Polay, cabeza del MRTA, demandando al Estado por “violar mis derechos humanos” y reclamando millonaria indemnización.

Comentábamos ayer el hartazgo ante los crímenes impunes que dejan familias en la miseria y desesperanza. Otra fuente angustiante es la anarquía general. Ambas coyunturas surgen y las consolidan regímenes izquierdistas (Humala, PPK [”soy socialista”], Vizcarra, Sagásti, Castillo, Boluarte). En Argentina ocurre algo similar. La gente demanda cambio: “no más socialismo”.

Muchos peruanos están fascinados por el llamado fenómeno Bukele. Es lógico. La criminalidad, de la mano de la impunidad, ya ha adquirido niveles de espanto en nuestro país. Los peruanos viven paranoicos por la vulnerabilidad que respiran en sus calles, atacados por rateros y asaltantes que les amenazan con armas de todo calibre, causándoles heridas, contusiones o, inclusive, la muerte.

En noviembre de 2018, mientras el poder Legislativo debatía un proyecto de ley que pretendía reponer automáticamente a 14,000 docentes “sin título pedagógico”, la entonces ministra del sector, Gloria Helfer (Constituyente y Senadora por Izquierda Unida); así como la entonces viceministra, Susana Helfer, se opusieron a aquella iniciativa.

¿Qué nos pasa a los peruanos? ¿Hemos perdido capacidad de indignación? Esta sociedad debería rechazar y protestar por cualquier mala decisión de una autoridad; cuando falla el gobierno; o con mayor razón, cuando delinque un funcionario estatal. ¿Qué ocurre entonces?

Parodiando al ideólogo demócrata norteamericano James Carville, después de década y media de descomposición por la influencia que ejercieron los caviares sobre Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti (de este último hablaremos oportunamente), sumada durante todo un año y medio a la devastación del aparato estatal desatada por el ágrafo, golpi

Las redes sociales están activísimas, en torno a la eventualidad que este gobierno apruebe un programa para luchar contra la ola criminal que ahoga a los peruanos. De todas maneras, éste será cuestionado -o vetado- por la CIDH, so pretexto que hiere los derechos humanos de los criminales.