Considerando los criterios anticorrupción de los que tanto se ufana el presidente Vizcarra, comparemos lo que ocurre acá, con lo que sucede en Brasil. Para empezar, uno de los hombres más ricos y poderosos del vecino país estuvo preso varios años, hasta que decidió confesar la verdad. Toda la verdad. A cambio de que le redujeran la pena. Marcelo Odebrecht purgó carcelería.
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Luis García Miró Elguera
Odebrecht ha corrompido a tirios y troyanos en el Perú. Desde algunos presidentes de la República, pasando por ministros, políticos, burócratas, periodistas y probablemente inclusive dueños de grandes medios de comunicación. La podredumbre sembrada por esta constructora brasileña ha sido –y seguirá siendo, en la medida en que se le permita continuar operando acá– simplemente transversal.
Odebrecht ha corrompido a tirios y troyanos en el Perú. Desde algunos presidentes de la República, pasando por ministros, políticos, burócratas, periodistas y probablemente dueños de grandes medios de comunicación. La podredumbre sembrada por esta vil constructora brasileña ha sido -y seguirá siendo, en la medida que le permitan continuar operando acá- simplemente transversal.
El Directorio de la estatal Sedapal le debe una pormenorizada explicación al país. Cabe precisar que cinco de sus seis integrantes fueron designados por el ministro de Vivienda, Javier Piqué. De manera que aquel ministerio tiene relación directa con las decisiones que adopte esta entidad pública.
Veinte años de chavismo no se acaban así nomás. Dos generaciones de venezolanos se han desarrollado bajo el mando de dos tiranos que juegan a la democracia bajo sus reglas perversas y felonas plagadas de abuso, hambre, sangre. El número de muertos es incontable.
La concentración mediática El Comercio, de la mano de RPP, La República y demás editores rendidos a Palacio de Gobierno –gracias a la corruptela conocida como avisaje estatal– silencia la avalancha de opiniones contrarias al descarado, chantajista y confabulador preacuerdo entre el Perú y la corrompedora Odebrecht, suscrito por el fiscal Domingo Pérez y el procurador Miguel Ramírez.
El 16 de enero último escribimos que “El presidente Vizcarra podrá engañar a algunos ciertas veces, pero no puede mentirle a todos permanentemente”. Y aventurábamos esto: “el presidente sustituto pareciera haber tocado fondo en su aventura placentera alrededor del gran poder. En efecto, Vizcarra ha encandilado a la ciudadanía durante sus primeros diez meses de farra gubernativa.
La fiebre del aplauso barato a la bandera anticorrupción que blandea este gobierno ha colmado la paciencia de mucha gente.
La única autodefinición del régimen Vizcarra –más claramente de la gestión Kuczynki-Vizcarra– es que “este es un gobierno que lucha contra la corrupción”. Ahora bien, la voz y la letra lo aguantan todo. De manera que del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque, francamente, este gobierno sólo juega a batallar contra la corrupción.
A la prensa venal, vendida al oficialismo por el plato de lentejas conocido como avisaje estatal, le importan un reverendo caracol los perversos intereses que se mueven atrás del llamado “acuerdo base” suscrito entre el Estado Peruano y la corrupta Odebrecht. Cuidado que no se trata de un pacto cualquiera.
Recordemos los esplendorosos momentos de jubileo que vivió el Perú tras la caída de Alberto Fujimori, y el éxtasis politiquero que desató la triunfante campaña electoral del candidato de la honestidad –y la anticorrupción– llamado Alejandro Toledo. Campaña marcada por la violenta marcha “Los Cuatro Suyos” cargada de mensajes moralinos y buenistas.
La callada como respuesta revela dos cosas fundamentales: falta de argumentos para rebatir los cuestionamientos, y/o complicidad manifiesta con la materia controvertida. Esto es lo que ha ocurrido a raíz de la oportunísima aparición de un pacto infame entre Perú y Odebrecht, dolosamente llamado preacuerdo.
Ayer titulamos esta columna: “Perú: La Catedral de la Corrupción”, argumentando que por donde se le observe el Perú “transpira un terrible hedor a podredumbre.
Desde hace tiempo flota en las mentes locales y extranjeras la sensación de que el Perú pronto entrará al rango de narcoestado.
La sometida izquierda peruana –decimos sometida por su mansedumbre, fidelidad y subordinación a la URSS y Cuba, tótems del comunismo, e igualmente al tristemente célebre totalitarismo chavista– protesta porque el Perú, al igual que tres cuartas partes del planeta, ha reconocido diplomáticamente al intrépido líder opositor llanero Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, quien ha plant
La Fiscalía de la Nación ha demostrado ser un ente politizado, manejado por intereses subalternos y absolutamente incapacitada para investigar en forma técnica y precisa a lo que llaman los grandes casos. Como Lava Jato. Veamos unos ejemplos. Investigar por lavado de dinero de Toledo tomó más de seis años. Antes de que se concretase, fugó tal vez por algún soplo fiscal.
¿Cuál va a ser el futuro inminente –en estos próximos meses- del presidente Martín Vizcarra? ¿A quién culpará de los problemas que ya han empezado a enrostrarle los ciudadanos defraudados por su inexperiencia como estadista, como por la orfandad de la gestión del gobierno que encabeza?
El gerontocrático diario de la concentración mediática, defensor de intereses familiares ligados a Odebrecht, editorializa sobre el lesivo pacto entre la Fiscalía y Procuraduría con la corrupta Odebrecht, asegurándonos que ayudará a “conocer la identidad de los funcionarios, políticos y empresarios peruanos que pudieron haber incurrido en delitos al relacionarse con la constructora.
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