No al preacuerdo Perú Odebrecht
A la prensa venal, vendida al oficialismo por el plato de lentejas conocido como avisaje estatal, le importan un reverendo caracol los perversos intereses que se mueven atrás del llamado “acuerdo base” suscrito entre el Estado Peruano y la corrupta Odebrecht. Cuidado que no se trata de un pacto cualquiera.
Es nada menos que uno que firman los representantes de nuestra nación con los mandantes de la empresa más corrupta del mundo, probablemente. En consecuencia los peruanos tenemos todo el derecho –y la obligación como responsables del patrimonio nacional que es de la ciudadanía– de que este gobierno, quien designó a los citados representantes, nos informe de manera anticipada, precisa, transparente las condiciones bajo las cuales el Perú va a concertar un convenio con semejante portaestandarte de la trampa y la podredumbre. Por suerte salió a relucir el mamotreto denominado “acuerdo base” entre Perú y Odebrecht, gracias al escaso periodismo digno que queda en el Perú, acosado por un gobierno rodeado de facinerosos e incordiado por la prensa venal que necesita del Estado para subsistir. Claro que esta última –liderada por El Comercio y su conglomerado de la concentración mediática– arremetió contra el periodismo libre de ataduras, aduciendo que por el mero hecho de haber hecho público aquel convenio indecoroso se había constituido en cómplice de la corrupción “al poner en riesgo la aceptación del acuerdo por parte de Odebrecht”. Vale decir esta prensa rastrera pretende que Odebrecht sólo suscriba el pacto de marras con el Perú si éste se mantiene en secreto.
Pero, ¿acaso el periodismo decente y honorable puede permitirle semejante infamia a un conglomerado mediático que trabaja muy intensamente para defender intereses de alguno de sus accionistas –a despecho que aquello perjudique seriamente al Perú– por haber criticado que los negociadores del Estado peruano operen en secreto? Desde cualquier perspectiva el secretismo acarrea manipulación, componenda y, sobre todo, arreglos bajo la mesa.
Peor todavía, tratándose de un acuerdo “confidencial” entre dos partes, una de las cuales –Odebrecht– es paradigma de la corrupción universal. Y del otro lado el Estado peruano, representado por personajes digitados por un gobierno para mucha gente desconfiable, muy mal rodeado y, por si fuera poco, evidentemente relacionado con la corrupta Odebrecht. Tanto a través de su primer mandatario, Pedro Pablo Kuczynski –la Fiscalía lo investiga por serios vestigios– como Martín Vizcarra, el presidente actual, cuya empresa fue proveedora de un consorcio entre Odebrecht y Graña y Montero; fuera de apoderar a esta última, eterna consorciada de Odebrecht. Si sólo estas pruebas no son mérito suficiente para dudar de cualquier componenda –sobre todo “confidencial”– entre representantes del régimen Kuczynski-Vizcarra y la corrompedora Odebrecht, pues entonces mejor apaguemos la luz.
Pese a que el Congreso dejó de ser aquel contrapeso de poderes que manda la Carta Magna para mantener en su sitio al Ejecutivo, la oposición –y legisladores honestos como Víctor Andrés García Belaunde– deben plantear la nulidad de este pacto rastrero antes que lo santifique algún magistrado. Perú no debe firmar semejante trampa con la corruptora Odebrecht.
