César Gutierrez Peña

La semana pasada en sectores proclives al estatismo en nuestro país, se tomó con entusiasmo el anuncio del gobierno de Emmanuel Macron de la intervención estatal en el sector electricidad, gas y petróleo francés, a nombre de la soberanía energética, en la proximidad del invierno en el hemisferio norte y en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la dependencia europea de los energ

En una coyuntura de conflicto con los transportistas interprovinciales de carga y pasajeros, por el costo del petróleo diésel, Óscar Graham, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha decidido restituir a partir del pasado 1 de julio, el suspendido impuesto selectivo al consumo (ISC) a este combustible, así como a los gasoholes de 84 y 90 octanos.

El ambientalismo mundial viene predicando durante tres décadas sobre la base del uso de las energías renovables, para la disminución de los gases de efecto invernadero y en el uso limitado en los recursos no renovables, que son indispensables para garantizar el suministro principalmente del sector electricidad en las horas de mayor demanda, aunque este punto no se utiliza en el discurso.

Ante la escalada alcista de precios de combustibles que tiene como origen el conflicto entre Rusia y Ucrania, el mandatario Pedro Castillo ha lanzado por el canal estatal, el mensaje que Petroperú debería tener estaciones propias para que sea un regulador de precios del mercado.

A fines del año pasado los palmicultores tenían grandes expectativas de incrementar su producción atendiendo a los productores locales de biodiésel (B100), que habían conseguido en Indecopi, ampliar hasta el 2025, los Derechos Antidumping (DA) y Compensatorios (DC), al producto proveniente de los Estados Unidos.

El precio del gas natural (GN) es una variable importante en el costo de la electricidad, a nivel domiciliario tiene una ponderación de 34%, y de no haber sido cambiada su fórmula de reajuste en el año 2006, hoy tendríamos un impacto mayor al 1% que han experimentado en el periodo enero-abril de este año los consumidores sin tarifa subsidiada (consumos superiores a los 100 KWh).

El malestar ciudadano por el incremento del precio de los combustibles que se acentuó a partir de fines de febrero pasado, ha originado señalamientos que van hacia el gobierno y las estaciones de servicio. La ineficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo: Fondo de Estabilización de Precios y eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo, han exacerbado los ánimos.

Petroperú experimenta una difícil situación financiera, que ha devenido en el reciente auxilio por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con un préstamo de 750 millones de dólares (MMUS$), con alta probabilidad que tenga que acudir en más apoyo. Este año los pagos de deuda de largo plazo deben estar en el orden de 320 MMUS$.

Me llama la atención los sorprendidos por el reciente crédito por 750 millones de dólares (MMUS$) y la emisión de 500 millones de soles (MMS/) de documentos cancelatorios, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Petroperú, mediante decreto de urgencia (DU-010-2022) publicado el pasado día 12 de los corrientes.

Ante el alza de precios de los combustibles, el gobierno decidió el pasado 3 de abril eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos, así como el petróleo diésel 2 en todas las versiones que se comercializan. Voluntarismo sin resultados tangibles.

En el Congreso está en funciones una “Comisión Investigadora del Cargo Fijo Mensual del Sector Electricidad”, cuyo fin es exigir la devolución por parte de las distribuidoras de los pagos realizados por los consumidores por ese concepto, durante el periodo en que hubo el aislamiento obligatorio determinado por el gobierno de Martín Vizcarra.

Puesta toda la atención en temas políticos como el referéndum para una Asamblea Constituyente, la vacancia presidencial y la acusación constitucional contra el mandatario Pedro Castillo, en el Congreso empiezan a hacer de las suyas con el sector empresarial, desacreditando a los defensores del régimen económico contenido en la Constitución.

El uso del biodiésel en nuestro país es materia de un manoseo incesante, donde las autoridades han transitado entre el desconocimiento y el desinterés, mientras en las altas esferas del Ejecutivo predican promesas para la tribuna internacional, de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030.

Es una perogrullada decir que el gobierno en políticas de Estado no tiene la menor idea de lo que se debe hacer, por tanto, corresponde desde la sociedad civil marcarle un derrotero, tanto directamente como a través del Congreso, que también exhibe grandes carencias de orientación.

La capacidad de anticiparse a los hechos no es una virtud ni del Ejecutivo ni del Legislativo, donde se incluye a oficialistas y opositores.

La moción de vacancia presidencial discutida en el Congreso el pasado 28 de los corrientes, dio tregua mediática al tema de Petroperú que está en una crisis agravada por la pugna entre los miembros de la junta general de accionistas (JGA), que representan a los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

Con la renuncia del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, no ha terminado la crisis en las alturas del Ejecutivo en torno a las relaciones de poder en la empresa estatal de mayores ingresos anuales, que son del orden de 4,000 millones de dólares.

El incremento del precio de lista de combustibles de Petroperú del pasado día 10 de los corrientes ha ocasionado diversas opiniones, que van desde la crítica a la decisión tomada, pasando por el negacionismo del efecto del conflicto Ucrania-Rusia, hasta una visión apocalíptica del futuro en el sector.