Pretensión congresal de beneficios indebidos a petroleras

Puesta toda la atención en temas políticos como el referéndum para una Asamblea Constituyente, la vacancia presidencial y la acusación constitucional contra el mandatario Pedro Castillo, en el Congreso empiezan a hacer de las suyas con el sector empresarial, desacreditando a los defensores del régimen económico contenido en la Constitución. Me referiré al dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, que introduce modificaciones en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), para beneficiar a una serie de empresas privadas con la ampliación de sus contratos de explotación que están por vencerse.

El dictamen corresponde al proyecto identificado como PL-804/2021-CR, donde se plantea ampliar la duración de los contratos de explotación de petróleo de 30 a 40 años, igualando el horizonte a los que tienen a cargo la producción de gas natural. El tema de fondo es que los titulares de contratos actuales se pueden acoger a la ampliación de plazo de 10 años, justo cuando vencen 5 contratos en el 2022 y 1 en el 2023. Es decir, la ley precisa sobre el borde del vencimiento, innegable favorecimiento a los titulares.

Para asegurarse que nada falle a los que se favorecerán, en la segunda disposición complementaria final del dictamen se establece que para los contratos que se vencen hay que hacer licitaciones con 5 años de anticipación. Más claros no han podido ser, los de los dos próximos años no queda sino renovarlos de todas maneras. En descargo a las posibles críticas se exige que hagan una propuesta de trabajos a realizar como condición, siendo Perupetro la entidad que tendrá toda la discrecionalidad de evaluarlos.

Lo que se esperaba era que se llamara a una licitación para potenciales interesados, que si bien es cierto la producción no es muy alta, es un petróleo con un cliente asegurado que es Petroperú, y con un precio de venta casi del mismo orden que la cotización del crudo West Texas Intermediate que se transa en la Costa del Golfo de México, en el sur de los Estados Unidos.

Corresponde a la opinión pública del sector, a la clase política que dice defender las prácticas de competencia y al pleno del Congreso, oponerse rotundamente a este despropósito y poner en evidencia a sus promotores.

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