Petroperú, punto de quiebre para el Gobierno

Con la renuncia del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, no ha terminado la crisis en las alturas del Ejecutivo en torno a las relaciones de poder en la empresa estatal de mayores ingresos anuales, que son del orden de 4,000 millones de dólares. La decisión que tiene que tomar Pedro Castillo sobre el tema es sumamente complicada para él, tiene para escoger entre dos poderes, su alianza parlamentaria con Perú Libre (PL) y Perú Democrático (PD) y el poder fáctico empresarial.

El descenso de la calificación de riesgo de la petrolera estatal por parte de Fitch & Rating y Standard & Poor’s, ha generado revuelo en los corrillos financieros y el enfrentamiento en la Junta General de Accionistas (JGA) entre los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que son tres, capitaneado por su titular, y los de Economía y Finanzas (MEF), que son dos, con el ministro a la cabeza. De por medio está la permanencia del directorio, causa aún pendiente.

La pregunta que se hace en el sector energético es: ¿a quién respaldará el mandatario? La posición que tome será un punto de quiebre para el Gobierno. Es hecho conocido que el Minem pertenece al ámbito de Vladimir Cerrón, por tanto, alineado a la bancada de PL y que los representantes de PD acompañan. En conjunto suman 39 votos, indispensables ante una oposición que persiste en la vacancia presidencial a tiempo completo. En la vereda opuesta está la gran empresa, que ven en el capitoste del MEF una garantía que no se cometan estropicios en la economía y finanzas públicas. Aquí no hay votos por sumar, pero es la credencial de buena conducta ante el sistema financiero nacional e internacional.

Hay una variable adicional, estamos ante un directorio silente, con su presidente que se maneja en el anonimato, en este contexto emerge la interrogante ¿por qué se le blinda?, ¿tendrá algo que ver la aún pendiente definición del socio o los socios futuros de la empresa en los lotes: I, 8, 192 y 64?

El desenlace óptimo sería el relevo del directorio para generar confianza y un pronunciamiento de crítica al contralor Nelson Shack por el retraso en la contratación de la empresa auditora, que ha sido origen de un problema que ha terminado en el ámbito de una decisión política.

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