Fernando Rospigliosi

La mafia caviar ha emprendido una fulminante campaña para retomar el control de la fiscalía de la Nación y repetir la faena que iniciaron el 2018, cuando la capturaron: usarla como un poderoso instrumento político para perseguir a sus adversarios y proteger a sus aliados y amigos.

Dina Boluarte, Alberto Otárola y sus socios creen que han superado la ola de la vacancia -y el adelanto de elecciones- y podrán navegar tranquilos hasta el 2026. Están equivocados.

El general (r) Juan Rivero Lazo lleva más de 22 años en prisión y con nuevos juicios y sentencias pretenden hacerlo morir en la cárcel.

Sesenta policías están procesados –en algunos casos sentenciados a penas de 35 años- por haberse enfrentado y abatido a delincuentes en nueve operaciones distintas. Un fiscal, Álvaro Rodas, junto con un oficial PNP, Franco Moreno Panta, se coludieron y urdieron una trama para acusar a ese numeroso grupo, según los familiares y abogados de los policías.

Después de los sucesos de La Victoria y la majadera respuesta del ministro del Interior y las autoridades policiales, hasta los pocos crédulos que todavía quedaban, deben de haberse dado cuenta que el único plan que existe es el Plan Huevearte.

La Policía Nacional está arrinconada por el sistema judicial, en especial por algunos fiscales, que tratan a los policías peor que a los delincuentes.

Cuando Oswald Spengler publicó el segundo tomo de su famoso libro “La decadencia de Occidente”, hace exactamente un siglo, probablemente nunca imaginó cómo se materializaría su genial intuición: hordas de musulmanes, árabes y africanos invadiendo Occidente que, guiado por izquierdistas, caviares y “buenistas”, no solo les abrieron las puertas, sino que incentivaron su migración.

Los fiscales politizados y prevaricadores que tienen a su cargo el caso Lava Jato y otros que involucran a políticos y empresarios, han fracasado completa y rotundamente. Han malogrado las investigaciones, permitido salir indemnes a la mayoría de los más grandes corruptos de la historia reciente y recuperado muy poco de lo robado.

El almirante Luis Giampietri Rojas fue un héroe que dedicó su vida entera, hasta el último día, a defender al Perú. Primero como destacado oficial de la Marina de Guerra –llegó a ser Jefe de Estado Mayor, el número dos de la institución-, y fue fundador e integrante de FOES (Fuerza de Operaciones Especiales), un grupo de combate de élite.

El repentino fallecimiento de Hernando Guerra García ha privado al Congreso y a la política peruana de uno de sus más calificados representantes.

La síntesis del argumento caviar para defender a sus congéneres de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es el que se resume en el título de este artículo. La Constitución señala clara y expresamente que para integrar la JNJ se requiere “Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años, y menor de setenta y cinco (75) años”. (Art. 156°).

La candidata a la vicepresidencia de Javier Milei, en las elecciones argentinas de octubre, es Victoria Villarruel (48), diputada y activista defensora de los derechos de las víctimas del terrorismo.

Los cambios ministeriales de la semana pasada no cambiaron nada. O casi nada.

Salvo el caso del nuevo ministro de Justicia, con el que se continuó con la nefasta costumbre iniciada con Pedro Castillo, de designar en los más altos cargos a personas que tienen cuestionamientos judiciales o policiales, hay poco que destacar en el nuevo gabinete ministerial.

La mejor síntesis del “plan Boluarte” que he leído es la de Mario Ghibellini: “No muevas un dedo y procura quedarte”, (El Comercio 2/9/23).

Desde hace algún tiempo vengo explicando que para resolver los problemas del país se requieren soluciones radicales, dado que es imposible hacerlo en el marco de la actual democracia fallida, copada en muchos casos por la corrupción y la incompetencia, y sin posibilidades de cambio a través de reformas de sus mecanismos que, en todo caso, serían diseñadas y ejecutadas por los propios individuos

Según ha determinado la Fiscalía, en uno de los innumerables actos delictivos perpetrados por Pedro Castillo y la gavilla que asaltó el Gobierno en 2021, está directamente involucrado el congresista Guillermo Bermejo.

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio revela que la delincuencia y el crimen organizado en el país vecino están fuera de control. Hace poco, el 23 de julio, fue asesinado a tiros el alcalde del puerto de Manta y una joven futbolista que conversaba con él.

El Ministerio Público (MP) es una institución poderosísima desde que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (CPP). Pero la realidad muestra que los fiscales que lo integran son, en varios casos, de muy mala calidad, ignorantes, medrosos, politizados, prevaricadores o corruptos.