Sin novedad en el Gobierno
Los cambios ministeriales de la semana pasada no cambiaron nada. O casi nada.
Salvo el caso del nuevo ministro de Justicia, con el que se continuó con la nefasta costumbre iniciada con Pedro Castillo, de designar en los más altos cargos a personas que tienen cuestionamientos judiciales o policiales, hay poco que destacar en el nuevo gabinete ministerial.
El reemplazo que más dudas suscitó fue el de Magnet Márquez, en Educación, que había criticado firmemente la calamitosa ley recientemente aprobada por el Congreso para reponer a 14,000 profesores que no aprobaron un examen para ingresar a la carrera magisterial.
No obstante, su reemplazante, la vice ministra Miriam Ponce, ha anunciado con la misma decisión, que el gobierno observará esa ley clientelista promovida por el Bloque Magisterial (Expreso, 8/9/23), que pretende seguir empeorando la muy venida a menos calidad de la educación. (Ponce es la cuarta que ocupa ese cargo en menos de nueve meses. En esto también se continúa la mala práctica de Castillo de constantes permutas que impiden el desarrollo de una política eficaz).
Y también Ponce afirma que negociará con varias bancadas las modificaciones necesarias a esa ley, para impedir que los secuaces que Pedro Castillo llevó al Congreso se salgan con la suya.
Al parecer, podría lograr su propósito, pues congresistas de varios grupos sostienen ahora que fueron sorprendidos y no se dieron cuenta de lo que votaban.
En suma, si lo anterior es cierto, los cambios en el gabinete son más inexplicables todavía. Sobre todo si lo más importante, la necesidad de combatir con decisión y energía la delincuencia, el terrorismo en el Vraem y el narcotráfico, sigue sin variación debido a la permanencia en los cargos de personas que han demostrado su incompetencia.
Otro sí digo. La mafia caviar está frenética, al borde del colapso. En el Congreso se está discutiendo la posibilidad de remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), engendro creado por el Lagarto e inspirado por los caviares para sostener y acrecentar su control sobre el sistema judicial.
La JNJ, paradójicamente, se mantiene ahora en una manifiesta e insolente ilegalidad. Inés Tello de Ñecco tiene 78 años, cuando el artículo 156° de la Constitución dice explícitamente que para ser miembro de la JNJ hay que ser “menor de setentaicinco años”. El resto de miembros es igualmente culpable porque sigue avalando esa flagrante ilegalidad.
El Congreso tiene la potestad de destituir a la JNJ, como ha argumentado Martha Moyano (artículo 157° de la Constitución). De hecho eso es lo que hizo el anterior Parlamento en julio de 2018 con el Consejo de la Magistratura, a instancias del Lagarto en una maniobra urdida por los caviares, que ahora pretenden negarle la posibilidad de remover a su monstruo.
La JNJ defendió inmoralmente a la impresentable Zoraida Ávalos y ahora intenta liquidar a Patricia Benavides, la fiscal que con valentía enfrentó –y lo sigue haciendo- a la horda delincuencial que usurpó el Gobierno.
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