Las intensas pulsiones en torno al juego de poder que ambientará el próximo proceso electoral van más allá de la capital y alcanzan a la competencia por el control de los gobiernos regionales y municipales. La política al interior del país va rearmándose en sus líneas divisorias rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.
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Miguel Lagos
La violencia criminal va dominando la vida diaria de los peruanos, y no solo en la capital. Los esfuerzos policiales se perciben mayormente infructuosos o ausentes o superados. La falta de un fuerte y decidido liderazgo político desde el Ejecutivo es innegable (¿qué hay de las "nuevas" cárceles, por ejemplo?).
Como es sabido Antauro Humala —el fascista de izquierda— perdió la catapulta que lo lanzaría a la competencia presidencial. El partido que lo auspiciaba fue cancelado por un fallo histórico de la Corte Suprema por su evidente naturaleza antidemocrática.
Una ola de comentarios se han ido dando alrededor del protagonismo del presidente chino Xi Jinping y la inauguración del magapuerto de Chancay.
Esta semana se inaugura el puerto multipropósito de Chancay. Es Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) la empresa china que arrancó como propietaria del 60% de las acciones. En estricto no se trata de capital privado, es estatal. Esto significa que, en última instancia, el control y la influencia sobre Cosco proviene del expansivo gobierno chino.
Las críticas que los ciudadanos oyen y emiten diariamente sobre las múltiples izquierdas y derecha
Uno de los aspectos más difíciles de aceptar por parte de quienes ayudaron (directa o indirectamente) a Castillo (y a Cerrón) a llegar a la presidencia en 2021, es el evidente vínculo que tenía y tiene con el reciclado Sendero Luminoso.
Cierto nivel de actividad política —mediocre en realidad— se despliega entre el Ejecutivo y el Legislativo como también en la intervención de un Ministerio Público y un Poder Judicial de tendencias evidentemente politizadas.
Perú tenía tres expresidentes encarcelados. Quedan dos. No es poca cosa, para el asombro del mundo. Pero lo que no pocos se van preguntando por todo el país es por qué aún Humala y Vizcarra siguen impunes en medio de serias acusaciones y lentas investigaciones judiciales.
Observadores señalan que la evolución de Venezuela hacia un Estado criminal arrancó cuando Hugo Chávez enraizaba su permanencia en el poder hace 20 años. No se equivocan. Con Nicolás Maduro, su heredero, se llegó después a consolidar una “cogobernanza” territorial entre actores estatales o autoridades con grupos criminales.
No es reciente, como parece difundirse, que la minería ilegal haya logrado que sus intereses sean de una u otra forma “canalizados”, por ejemplo, vía el Congreso. El asunto tiene años de avance.
El último 30 de septiembre se cumplieron cinco años del golpe de Estado vía el cierre del Congreso perpetrado por la coalición caviar que dio soporte político (y mediático) al impune Martín Vizcarra. La actual presidente del Tribunal Constitucional lo ha señalado como un indiscutible golpe de Estado.
El debate previo para crear la figura penal de terrorismo "urbano" en Perú es intenso. Hay 17 proyectos de ley impulsados por alcaldes y congresistas al respecto.
La descontrolada inseguridad ciudadana y las complicaciones económicas serán dos temas centrales que los competidores políticos tendrán que abordar en las próximas elecciones. Un tercer asunto clave es cómo contrarrestar la expandida corrupción descentralizada.
La población no debería estar preocupada por defenderse directamente de los delincuentes organizados, pero no les queda opción cuando los gobiernos son ineficaces contra la inseguridad. El riesgo enorme es que el desenlace puede provocar bajas civiles y una escalada horizontal (el alcance) como vertical (la intensidad) de los conflictos y de la violencia.
Si hay un consenso casi general sobre la muerte de Alberto Fujimori (AF) es que con él termina una etapa de enorme significado en la historia política peruana. Para bien y para mal. Y es que no ha habido quien haya superado su influjo en torno a los años de gobernante como en los escenarios —sin duda polarizantes— que emergieron luego de su salida del poder hace 24 años.
Son muchas las innovaciones dictatoriales de terror y propaganda perpetradas con fines políticos por el chavismo en Venezuela. Las amenazas y la ejecución de violencia se desatan en paralelo.
La ciudadanía parece pasar cada vez más de repeler a acostumbrarse a las mediatizadas pugnas de poder en torno al manejo de los "nervios del gobierno" y de los poderes del Estado en general. El juego político de fondo se muestra institucionalmente envenenado. ¿Cuándo y quiénes moderarán esta dinámica imprudente?
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