2026: Infiltración de criminalidad organizada en gobiernos regionales y municipales
Cierto nivel de actividad política —mediocre en realidad— se despliega entre el Ejecutivo y el Legislativo como también en la intervención de un Ministerio Público y un Poder Judicial de tendencias evidentemente politizadas. Y si bien esta actividad se da lejos de la «alta política» operante —de resultados, controles y balances—, las pulsiones van jaloneando el juego de poder que ambientará el próximo escenario electoral.
Pero el asunto va más allá del epicentro capitalino y se ubica también en los niveles subnacionales. Hablamos de la competencia política alrededor del control de los gobiernos regionales y mun
Como es sabido el 2026 también habrá elecciones en estos ámbitos. En esa proyección la política al interior del país ya va rearmándose en sus líneas divisorias. Los analistas políticos tendrán que ajustar sus matrices de evaluación. En un reciente informe se detecta que casi la mitad, o sea 11 de 26 gobernadores han cambiado de camiseta reubicándose en otras organizaciones (M. Hidalgo. 23/9/2024. EC). La ola de participación de nuevos contrincantes
Un flanco de males —antiguos— en ejecución y de otros riesgos crecientes y potenciales es la inevitable penetración de las dinámicas criminales organizadas en la dinámica política. No es que este fenómeno recién aparecerá en las próximas elecciones. No. De hecho tiene años de avance. Pero ahora se prevé que tendrá mayor influjo en la pauta de poder.
Cierto es que al final es el elector el gran responsable de a quienes elige en los cargos públicos con su voto (el Congreso es un reflejo neto de ello); sin embargo las organizaciones políticas
La política descentralizada es crucial para lo que viene en el sentido de que la gobernabilidad no se siga entrampando por la operatividad criminal creciente. La prensa, la opinión pública se obligan a añadir vigilancia y reclamos más allá de concentrarse solo en el Congreso y el Ejecutivo (se obvia además a fiscales y jueces que liberan a delincuentes).
En 2026 veremos sin duda el avance de la politización criminal y cuán audaces son los grupos delictivos organizados para capturar o influir en los gobiernos subnacionales vía candidatos «coordinados» y financiados (lamentablemente no debe descartarse la posible eliminación de competidores incómodos o denunciantes antagonistas vía el sicariato con fines políticos); sobre todo en aquellas regiones donde las economías ilegales prosperan a través del saqueo de los recursos naturales (minería, tala, pesca ilegales…), los negocios ilícitos (narcotráfico), la invasión de tierras rurales y el control territorial en zonas urbanas.
