Ántero Flores Aráoz

Para nadie es un secreto que el manejo de nuestros puertos fue deficiente, por no decir pésimo, que los servicios que se prestaban no eran de calidad, que la demora en la carga y descarga de las mercancías demandaba a los usuarios costos adicionales.

Llevamos considerable tiempo discutiendo lo del “enfoque de género”, ante la pretensión de algunas autoridades gubernamentales, sobre todo del sector Educación, así como en el Congreso de la República, gobiernos regionales y municipales de poner el asunto en la agenda nacional, motivados por algunas organizaciones no gubernamentales y también por presión mediática.

Recordaremos que el presidente Vizcarra nombró una comisión de expertos para que diseñara las reformas políticas que considerasen convenientes.

En  anterior artículo titulado: “Sacada de vuelta de la SBS”, criticamos el proyecto de resolución de la Superintendencia de Bancos (y otras Instituciones del Sistema Financiero), mediante el cual y con la supuesta motivación de cautelar la idoneidad de accionistas, directores y funcionarios de tales Instituciones, la SBS podía excluir a los accionistas denunciados de participar en sus asa

Cuando el ser humano se civilizó, comprendió que para vivir en sociedad con sus congéneres se requerían de reglas de obligatorio cumplimiento, así como establecer las sanciones cuando ellas se transgredían, e incluso autoridades que las pudieran aplicar.

Desde hace mucho tiempo clamamos por tener un Estado eficiente y desarrollista, que ayude a los administrados a elevar sus niveles de vida, comenzando con educación y salud de calidad, para pasar a infinidad de oportunidades que los saquen del subdesarrollo y del conformismo ancestral.

Desde hace un buen tiempo observamos cómo diversas instituciones del Estado, al igual que funcionarios públicos, tratan de minimizar, o por lo menos relativizar, el derecho al secreto profesional con rango constitucional y también protegido por diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

En el denominado caso “Lava Jato” iniciado en Brasil, y con repercusiones en muchos países del continente, hubo evidencias, hoy pruebas y hasta confesión, en el sentido de que la empresa Odebrecht y sus altos funcionarios incurrieron en actos de corrupción al haber abultado el valor de las obras contratadas con el Estado, a fin de que, con el diferencial, pagar sobornos a algunas de las autorid

Durante varios siglos la Iglesia Católica, además de su competencia en temas religiosos y sobrenaturales, también la tenía en asuntos terrenales y mundanos, más aún, era un Estado que dictaba sus reglas, que administraba sus bienes, que imponía y recaudaba tributos, y que ejercía poder sancionador, entre muchos otros.

No es  secreto que soy crítico al comportamiento del actual Congreso en su conjunto y a muchos parlamentarios en particular, que por lo demás es la misma aprensión o desagrado de la gran mayoría de ciudadanos, que se expresa a través de las redes sociales y los medios de comunicación de todo tipo.

Como bien sabemos, después de la escandalosa actuación de algunos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la remoción de sus miembros, la emergencia declarada, y la modificación constitucional, mediante la cual se le reemplazó por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ya contamos con la Ley Orgánica de esta última institución.

El Presidente de la República ha tenido el acierto de nombrar una comisión de expertos, con la finalidad de que estudien y propongan la reforma política que se espera, habida cuenta de que en los últimos lustros el mundo ha cambiado vertiginosamente gracias a la innovación tecnológica, la revolución e inmediatez de las comunicaciones, y la pérdida de presencia real e influencia de los partidos

Gracias al escándalo Lava Jato iniciado en Brasil y con ramificaciones en varios países de nuestro continente, se ha puesto en evidencia algo que se sospechaba, es decir, que había empresas constructoras foráneas con subsidiarias y consorciadas en el Perú, que para obtener la buena pro en concursos y licitaciones de obras públicas, ofrecían “coimas” a funcionarios que tenían en sus manos la dec

Los inversionistas nacionales y extranjeros, tienen los mismos derechos y obligaciones, contribuyendo ambos al desarrollo del país y generando puestos de trabajo, los que aterrizan en reducción de la pobreza, elevación de niveles de vida y prosperidad.

El escándalo Lava Jato ocurrido en Brasil, con ramificaciones corruptas en varios países del continente, en relación con obras públicas de infraestructura y concesiones otorgadas a la empresa Odebrecht, han conmocionado a todo el Perú.

Seguramente a los lectores les habrá llamado la atención el nombre de este artículo y la intención era precisamente esa, pues si lo titulaba “Justicia  Mediática” no tendría mayor interés pues, por lo general, los ciudadanos nos hemos dado cuenta que en los casos emblemáticos, principalmente de corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos, se percibe que la demora en la toma de