Reforma política
El Presidente de la República ha tenido el acierto de nombrar una comisión de expertos, con la finalidad de que estudien y propongan la reforma política que se espera, habida cuenta de que en los últimos lustros el mundo ha cambiado vertiginosamente gracias a la innovación tecnológica, la revolución e inmediatez de las comunicaciones, y la pérdida de presencia real e influencia de los partidos políticos.
La comisión tendrá que recibir aportes ciudadanos, académicos, de los poderes del Estado e incluso de las organizaciones políticas, para después de clarificar la temática, poderla convertir en recomendaciones al Ejecutivo, el que podrá tomarlas en cuenta o no, y las que para implementarse requieran ley, las podrá convertir en proyectos legislativos que se elevarán al Parlamento.
La última reforma política que hemos tenido está contenida en la Constitución de 1993, en la cual en un sistema representativo se introdujeron instituciones y mecanismos de la llamada democracia directa, todo lo cual fue desarrollado por leyes.
No estamos proponiendo una nueva Constitución, ni se lo imaginen, pues la que tenemos, con más de un cuarto de siglo de vigencia, ha superado la edad de su antecesora, y ha sido un interesante proyecto de Estado, con deficiencias, como toda obra humana, que pueden irse solucionando con reformas parciales.
Evidentemente tenemos que comenzar la reforma con las agrupaciones políticas de todo nivel, pues están sobrerreguladas por la autoridad electoral y con ley joven en su aprobación, pero añeja en su concepción. Los partidos nacionales han perdido importancia por la mayor relevancia de los regionales; la democracia interna en todos ellos no ha mejorado, sino empeorado la calidad de los candidatos que las agrupaciones políticas presentan a los ciudadanos, siendo claro que cuando las cúpulas partidarias seleccionaban había muchísimo mejor nivel. Esto nos hace recordar al maestro Roberto Ramírez del Villar quien insistía que la mejor ley de partidos era la que no existe, pero habría que considerar el excesivo asambleísmo y formalismos, para introducir herramientas modernas como las asambleas no presenciales, el voto electrónico y nuevos mecanismos.
Es necesario discernir sobre el voto voluntario y obligatorio, teniendo en cuenta la triste realidad de falta de compromiso de muchos electores, con lo cual, de ser voluntario, los militantes de los partidos organizados y disciplinados serían los que marquen el futuro del Perú. También habría que meditar sobre el voto preferencial total o parcial.
El mecanismo de la cifra repartidora para asignar curules no ha sido equitativo y bien podría pensarse en otro, al igual que repensarse las relaciones entre los poderes del Estado y también con los gobiernos regionales, en que sus titulares consideran que no responden ante nadie, pudiendo estudiarse la necesidad de que sean interpelados, además de ser obligados a contestar los requerimientos del Congreso.
El tema de la inmunidad parlamentaria merecería ser abordado, al igual que un conveniente sistema de defensa en el Parlamento, para los casos de vacancia y juicio político, sin olvidar reglas claras para distinguir disidencia de transfuguismo, entre muchos otros temas importantes.
