Abusos por debilidad estatal

Cuando el ser humano se civilizó, comprendió que para vivir en sociedad con sus congéneres se requerían de reglas de obligatorio cumplimiento, así como establecer las sanciones cuando ellas se transgredían, e incluso autoridades que las pudieran aplicar.

Es más que claro que la autoridad tiene que poner orden, para hacer posible la convivencia pacífica entre los hombres (genérico, no se alteren las damas), y ese orden tiene que ser severo, pues si los ciudadanos perciben debilidad en las autoridades llamadas a imponerlo, algunos abusarán de tal debilidad.

Lo señalado viene sucediendo cuando el Estado, abdicando de sus funciones, permite la toma de carreteras y otras vías de comunicación interrumpiendo el tránsito de vehículos, personas y mercancías.

El Estado no puede permitir lo expuesto, ni menos creer que los problemas se resuelven solos, y si hay conflictividad social, mediante el diálogo serio, informado y rápido, debe buscar soluciones adecuadas, pero si ello no se logra, sin pérdida de tiempo tiene que ejercer su  autoridad, denunciando y procesando a los transgresores como también a los instigadores de actos de violencia.

Nuestra legislación penal tipifica con toda claridad como delitos la toma de vías de comunicación, la interrupción del tránsito, así como la instigación para actos de violencia, agregado también como delito la extorsión para obtener beneficios individuales como colectivos.

La actitud indebidamente permisible del Estado la hemos experimentado cuando se han tomado por la fuerza estaciones de bombeo de hidrocarburos, así como también en la interrupción del pase de vehículos con mineral por el llamado corredor minero.

El asunto se agrava en tal medida, si se tiene en cuenta que la minería es la actividad que más recursos económicos entrega al Estado vía impuestos, además de proporcionar trabajo a poblaciones que antes carecían de sustento adecuado.  Si el Estado no recibe las contribuciones e impuestos de la explotación minera, es evidente que no podrá solventar a tiempo sus obligaciones frente a los trabajadores estatales, servicios educativos y de salud, entre muchos otros, lo que indiscutiblemente afecta a todos los ciudadanos.

Cuando el diálogo no logra su cometido, no le queda al Estado otro camino que el empleo de la fuerza a través de la Policía Nacional, que es la encargada de mantener el orden y, de ser el caso, recuperarlo, dándole a la autoridad policial las garantías del caso que eviten su procesamiento en caso de daño directo como colateral a los involucrados en los hechos delictivos. A los abogados abusadores de su situación al convertirse en instigadores, capturarlos sin miramientos para ser sometidos a la Justicia, sin perjuicio de procesos internos en su colegio profesional.

Si el Estado no actúa, teniendo los mecanismos y herramientas legales para ello, así como el personal preparado para intervenir, en la práctica sería incentivar otras protestas, con razón o sin ella, en que los reclamantes toman sus exigencias como valederas llegando a perpetrar delitos que afectan a la población en su conjunto.  Como dice viejo aforismo: en caja abierta el justo peca.