Predictibilidad

Los inversionistas nacionales y extranjeros, tienen los mismos derechos y obligaciones, contribuyendo ambos al desarrollo del país y generando puestos de trabajo, los que aterrizan en reducción de la pobreza, elevación de niveles de vida y prosperidad.

Los inversores y emprendedores nacionales saben perfectamente los riesgos que se tiene al invertir en el Perú, en que hay que luchar contra la corrupción, abierta y soterrada, que existe exceso regulatorio y de tramitología, que muchas reglas están pintadas en la pared, que necesitas muchas veces de padrinos para que se respeten tus derechos, que la tributación es complicada, y que al igual que la Justicia lenta e impredecible.

A diferencia de los inversores nacionales, los extranjeros, sobre todo las grandes corporaciones, tienen mucho interés en las reglas de los procesos administrativos, en la predictibilidad tributaria y en la independencia y autonomía de la administración de justicia.  Cundo llegan al Perú sus abogados, como legión de avanzada y vanguardia, lo primero que hacen es preguntar a sus abogados corresponsales locales, sobre esos aspectos que, si bien para los inversores nacionales aún no son relevantes, para los foráneos son indispensables, pero sobre todo la predictibilidad del resultado de los procesos de administrativos y judiciales, además de la tributación como también en todo lo relacionado con concesiones, permisos, licencias y autorizaciones.

El criterio de predictibilidad es de lo más importante, pues quien invierte su capital, debe conocer y calcular los riesgos, que no pueden ser impredecibles.  Por lo demás en una economía de escala, aunque a veces con márgenes unitarios de utilidad reducida, un incremento impositivo o de precios de bienes y servicios puede tornar las esperadas cifras en azul en el preocupante rojo.

En las concesiones sucede lo mismo, se requiere de predictibilidad también para mantener las mismas o para su renovación, pues muchas veces la recuperación de la inversión es de largo plazo, y si las concesiones se otorgan por plazos insuficientes, o las renovaciones se obstaculizan o penalizan, tendremos inversionistas insatisfechos y defraudados, que su experiencia será advertida por terceros quienes probablemente no querrán invertir en nuestra patria.

El principio jurídico de predictibilidad es general, pero expresamente está considerado –aunque con diferentes denominaciones– en varios dispositivos legales, como la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Constitucional.

En la primera de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, la predictibilidad está mejor normada, pues dispone que la autoridad administrativa “…deberá brindar a los administrados o sus representantes, información veraz, completa y confiable sobre el trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá”

En el ámbito de la administración de justicia, la predictibilidad está asentada en la jurisprudencia con los antecedentes vinculantes, es decir, que obligarán en otros casos similares, motivo por lo cual la misma deberá estar oportunamente colgada en los portales informáticos de nuestros tribunales.

Para terminar, la claridad de las normas ayudan a la predictibilidad, pues las confusas crean conflictos, inestabilidad, dudas e inhiben la inversión.