Miguel Lagos

¿Puede un gobierno —»democrático» en apariencia— coordinar con grupos armados no estatales, sean guerrilleros, terroristas o criminales organizados, para consolidar el poder, manipular a su favor el sistema de tensiones y el proceso político nacional? Claro que sí.

Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, advirtió a los argentinos sobre la desatada "estanflación": un escenario crítico en el que se desarrollaban simultáneamente la inflación (alza de precios o pérdida del valor adquisitivo de la moneda) y el estancamiento económico (recesión).

Ollanta Humala está hoy en prisión al lado de Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Ese escenario continúa llamando la atención internacional asombrada con la capacidad de Perú de encarcelar a sus exmandatarios.

El ya famoso "Sabelón" Phillip Butters arranca acelerado la competencia política. Se le ve en cuanto medio televisivo, impreso, radial o digital se le presenta. Aún falta que sea elegido en la interna partidaria como el maquinista de la locomotora electoral de Avanza País para el 2026. ¿Aparecerán otras opciones que contrasten dentro de la organización?

Faltaría espacio aquí para dar cuenta de los detalles y los múltiples procesos por corrupción en los que está inmerso el "centrista" impune expresidente Martín Vizcarra. Como suele ocurrir en el escenario peruano, las jugosas licitaciones públicas son el móvil de mucho de lo que ocurre en la política en ruta de descomposición.

La ciudadanía parece pasar cada vez más de repeler a acostumbrarse a las mediatizadas pugnas de poder en torno al manejo de los "nervios del gobierno" y de los poderes del Estado en general. El juego político de fondo se muestra institucionalmente envenenado. ¿Cuándo y quiénes moderarán esta dinámica imprudente?

El viernes 9 de mayo 11 militares del Ejército de Ecuador fueron emboscados y asesinados con granadas, explosivos y fusiles en el sector Alto Punino entre las provincias de Napo y Orellana en la frontera con Colombia. Los soldados —80 en total— llegaron en helicópteros para una intervención contra la creciente minería ilegal.

A inicios del 2023 salieron a la luz mayores detalles sobre la trama de Pedro Castillo, "El Español" y varios cómplices uniformados en torno a la creación de una red de inteligencia clandestina y paralela a la legal.

Carlos Álvarez (61 años) se lanzó al ruedo electoral como un posible candidato presidencial por el partido "País para Todos". Ya ha aparecido en encuestas. Una reciente (20/4/2025. Ipsos) le da 6% en preferencia de voto —2 puntos más que en la anterior— igualando a López Aliaga, "Porky", en el segundo lugar. Mientras Keiko Fujimori lidera la medición con 11% de apoyo popular.

Uno de los mayores logros narrativos de la lucha política e ideológica de las izquierdas latinoamericanas fue encajar el pernicioso mercantilismo como un elemento propio, inherente a los sistemas liberales de mercado (mal llamados "neoliberalismos").

A la fecha los grupos y redes de minería ilegal han estado apostando centralmente a tácticas violentas con motivaciones económicas. Pero, ¿qué pasa si deciden recurrir al sicariato con fines políticos (uno de los tipos que también calza dentro del mineterrorismo) sobre todo en contextos de competencia electoral nacional y subnacional?

En enero de 2024 se llevó acabo en Lima la XXIV reunión del Consejo Andino con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de ministros y autoridades a cargo de la seguridad interna de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (CAN). El resultado lanzó una prioridad regional: la lucha contra la criminalidad organizada y transnacional.

Este domingo 9 de febrero son las elecciones presidenciales en Ecuador. Las encuestas muestran al actual mandatario Daniel Noboa (37 años) y a la correísta Luisa González (47 años) como los principales candidatos.

Las elecciones generales de 2026 serán de una importancia muy particular. Ese año habrá un cambio en el Ejecutivo cerrándose con la salida de Boluarte —la exvicepresidente de Castillo— otro ciclo tóxico que arrancó en 2021.

Anotábamos en 2023 (ver: "Maduro exportó al Tren de Aragua al Perú". 3/9/2023. M. Lagos. Perú21) que diversos observadores serios señalaban que la evolución de Venezuela hacia un Estado criminal arrancó cuando Hugo Chávez enraizaba su permanencia en el poder hace 20 años. No se equivocaron.

El 28 de julio del año pasado sucedió lo esperable: el narcochavismo politizado y delictivo perpetró otro fraude descomunal sin ningún rubor. Apostaron, nuevamente, por atornillarse aún más sin importar lo que el mundo libre y democrático diga y haga. Ya lo habían hecho antes, ¿les resultaría otra vez?

No le fue fácil ni a Chávez ni a Maduro y a sus asociados desplegar el proyecto de poder dictatorial que hoy vemos en Venezuela tras 25 años de maniobra. De hecho hubo momentos -aunque pocos- en los que casi descarrilan el "proceso revolucionario" e infiltrado en la inadvertida e ingenua democracia representativa venezolana.

Faltaría espacio aquí para dar cuenta de los detalles y los múltiples procesos por corrupción en los que está inmerso el impune expresidente Martín Vizcarra. Como suele ocurrir en el escenario peruano, las jugosas licitaciones públicas son el móvil de mucho de lo que ocurre en la política en ruta de descomposición.