'Montesinitos' por el poder

A inicios del 2023 salieron a la luz mayores detalles sobre la trama de Pedro Castillo, "El Español" y varios cómplices uniformados en torno a la creación de una red de inteligencia clandestina y paralela a la legal. Esta maraña mostraba una vez más el nivel de criminalidad alcanzado en tan solo 16 meses de "gobierno" extremista e izquierdista de Castillo. Afanes políticos, ideológicos y delictivos, se mezclaron aquí.

Fue otro flanco de la punta del iceberg que se fue conociendo (como además, entre otros, la intención de trastocar a la Policía Nacional del Perú en una "Policía Militar del Pueblo", PMP, según los manuscritos encontrados al "asesor en inteligencia" Shimabukuru). Mucho queda aún por revelarse en torno al desenlace de la elección del 2021, incluyendo el influjo en la situación peruana de actores externos (G2) del que casi nada se ha escrutado.

Una pregunta todavía retumba. ¿Cuál sería el contexto hoy si el golpe prosenderista y corruptor del 7 de diciembre de 2022 triunfaba? Como se advirtió en 2021 —y antes— el proyecto político sí era dictatorial y de largo alcance. Montado además sobre la base de un corrompido y progresivo contubernio cívil, militar y policial. Otro remedo de los vigentes proyectos bolivarianos inamovibles en la región (y hasta anexados al narcotráfico y al terrorismo internacional).

Felizmente el factor castrense institucionalista salvó honor en Perú y no cedió evitando una escalada brutal de represión antiliberal en todas sus dimensiones y de asalto autoritario a todas las instituciones.

En crudo: de haber tenido éxito el autogolpe izquierdista del 7D se habría visto al desatado Sendero Luminoso "político" al fin atornillado en el trono presidencial recibiendo el increíble soporte de quienes se supone, desde las constitucionales fuerzas armadas y policiales, tenían que contenerlos. De la que se salvó el país.

Desde hace muchos años los aparatos de Inteligencia peruanos han sido manoseados por inescrupulosos individuos persiguiendo concentraciones de poder político y de riqueza. Aún sigue vivo por ejemplo el recuerdo del SIN de V. Montesinos (quién saldría en libertad en mayo próximo) en los noventas que dio soporte a A. Fujimori. ¿Cuántos imitadores, cuántos minimés del otrora montesinismo que brotaron pos-2000 han sido igualmente procesados y encarcelados?

Por ejemplo en 2015, durante la era Heredia-Humala, se reveló que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) había estado con malas artes espiando a distintos políticos, periodistas y personajes públicos con el conocimiento del mandatario. Así, la Inteligencia nacional no estaba dedicada a su función estratégica de detectar y neutralizar amenazas internas y externas contra el país, sino en buscar los medios para intimidar o socavar a los incómodos, opositores o críticos al régimen alimentando un juego sucio palaciego y politizado. ¿Hubo sanción por esos actos?

La impunidad que se ha visto con este tipo de hechos distorsionadores en las últimas dos décadas y media en este terreno, abona a que surjan constantes prospectos de "montesinitos" buscadores de poder que pululan alrededor de la presidencia, de los institutos armados y apostando por manipular el proceso político.

El escenario de elevado riesgo —y de descomposición— del sistema de seguridad nacional llegó a ser también contaminado de forma impresionante con el desgobierno de Castillo. Hasta operadores vinculados con el relanzado Sendero Luminoso y otros investigados por nexos con el narcoterrorismo tuvieron acceso a información privilegiada en este campo. Cabe recordar la designación como primer ministro de Guido Bellido pese a estar inmerso en investigación judicializada por una presunta vinculación al senderismo remanente que aún actúa en el VRAEM (ver a propósito: "Premier prosenderista tendrá acceso a información sensible de seguridad nacional". M. Lagos. 31/7/2021. Expreso).

Con Castillo también se tuvo a un general retirado que pasó de ser consejero político de Antauro Humala a ser prominente miembro de la DINI y terminando después como ministro de Defensa. En la DINI también operó en la jefatura otro militar cercano al Movadef senderista. En octubre del 2022 un colaborador eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP contó a la Fiscalía que Vladimir Cerrón cobraba S/ 40 mil mensuales de una partida clandestina de la DINI bajo el seudónimo de "agente Montaña". ¿En qué quedó este desaguisado?

A estas alturas es inevitable preguntar a qué tipo de datos, planes estratégicos, de operación e intervención, fuentes… tuvieron acceso estos operadores revelados y otros desconocidos; más aun confirmando ahora el verdadero plan dictatorial que el mascarón de proa Castillo estaba cocinando y que por suerte no se concretó.

Otro caso pendiente de investigación y sanción es el que operó en 2019 y que terminó orillando al suicidio al expresidente Alan García. Como bien dijo la periodista Milagros Leiva "hubo un complot" donde policías politizados y "chuponeadores" (junto a fiscales y jueces selectivos) vizcarristas habrían instrumentalizado las ventajas de inteligencia y seguimiento para la venganza política y la acumulación de poder vía tácticas montesinistas.

Las pugnas por el control de los organismos de inteligencia y sus enormes recursos se dan muy lejos del conocimiento público. No hay al parecer fiscalización efectiva ni siquiera desde el Congreso. Es una dinámica subterránea en la que además los mandatarios juegan como decisores claves. Alrededor de ellos han pretendido empoderarse una serie de "chiquivladis" intentando replicar la suerte inescrupulosa del antiguo SIN montesinista; sobre todo para mapear y amedrentar a los potenciales enemigos del gobiernismo de turno.

Debe decirse: las estructuras de inteligencia y seguridad nacional están obligadas a enfrentar una profunda reforma interna (incluyendo la generacional como bien se ha sugerido desde ciertos sectores). El país seguirá indefenso ante las amenazas reales —internas y externas— y ya en ejecución si estas instituciones cruciales siguen siendo infiltradas por manipuladores en potencia ofreciendo servicios paralelos al poder político conectados incluso a organizaciones delictivas con fines lucrativos y corruptores.

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