Marcos Ibazeta Marino

Mientras la guerra entre el Ejecutivo y el Congreso concentraba todo el interés de la población con el empuje propagandístico de un gran sector de la prensa, que tomó partido por el Gobierno, nadie se interesaba y menos se tomaba un tiempo de reflexión sobre la marcha de la economía, que, desde hace ya bastante tiempo, se está cayendo en picada.

En el desarrollo del Derecho Penal Premial se ha discutido ampliamente todos los beneficios y los perjuicios del mismo en torno a la prevención general, es decir, a dar respuesta al interés social y a la prevención especial, esto es, darle al individuo que ha delinquido la oportunidad de brindar información real y válida sobre los hechos como muestra de arrepentimiento y propósito de enmienda.<

Es sabido que los principios son categorías que sustentan ideologías, doctrinas, religiones y hasta la ciencia misma, sin los cuales no existirían estructuras ni superestructuras políticas, económicas y sociales cuya dinámica de existencia obedece a los principios en los cuales se fundamentan.

Declaraciones provenientes de la Fiscalía dan cuenta de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz celebrado con Odebrecht, por parte del órgano jurisdiccional competente, sin observación alguna.

La aprobación judicial del citado acuerdo cierra esta etapa con la anuencia de la procuraduría pública, la fiscalía y de todo el aparato gubernamental.

Tanto ha confrontado el Ejecutivo con el Congreso hasta casi resquebrajar el sistema democrático en el país, que ahora, según todos los indicadores políticos y los voceros respectivos, la mayoría cedería la presidencia del Congreso a un representante del oficialismo.

En marzo de 2018 se produjo la renuncia del entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski en virtud de unos audios y videos obtenidos por el congresista Mamani en reuniones en las cuales, presuntamente, se negociaban favores para neutralizar las mociones de vacancia presidencial que se votarían en el Congreso de la República.

El desprestigio del Congreso que involucra a oficialistas y no oficialistas ha sido un blanco fácil de ataque con fines de demolición, aprovechándose del enorme descontento de la población, hecho que impedía una visión también crítica respecto del Ejecutivo.

Que el Congreso se haya desprestigiado tanto, tal hecho no autoriza al Presidente a pretender utilizarlo como una mesa de partes para que apruebe lo que el Ejecutivo proponga, porque, además, las propuestas hechas por el Gobierno con el apelativo de “reformas”, ni siquiera constituyen reformas en sí y de su texto se puede sospechar que tampoco tendrán éxito alguno.

Cuando en el escenario nacional aparecen aventureros que se autocalifican como la reserva moral del país desarrollando estrategias para destruir a los paradigmas de corrupción que existen desde siempre, la población se confunde y entra en un juego donde nadie analiza su propio bien y mal para determinar sus cualidades morales, porque no hay un solo ser humano que pueda calificarse como bueno, p

Lo que viene ocurriendo en Las Bambas es el reflejo de la ingobernabilidad y de la falta de institucionalidad en el país, lo cual debería ser objeto de un estudio serio y concienzudo, en el lugar de los hechos y no en bibliotecas, por antropólogos, sociólogos, juristas, economistas y políticos, porque se está jugando el destino del Perú y su sistema democrático de gobierno.

Un Estado de Derecho es tal porque se rige por reglas que se dictan por la autoridad estatal constituida por delegación popular con base en el llamado Contrato Social, de modo que unas imponen conductas bajo amenaza de sanciones y otras establecen las jerarquías normativas, su transitividad en el tiempo y las atribuciones de las autoridades para evitar la arbitrariedad.

Ya es demasiado el tiempo que se viene dedicando al tema de la judicialización de la política como foco central del debate nacional, provocando el olvido y descuido de la obligación política de los líderes del país para desarrollar un buen gobierno, cuyas bondades todos podamos percibir.

En muchas oportunidades hemos estado analizando el profundo proceso de infiltración de agentes de grupos ultras, en lo político y en la violencia como método de lucha, en nuestra base social, pero especialmente en el campo, en las zonas de explotación que sustentan nuestra economía nacional.

La Constitución reconoce a las Comunidades Campesinas y Nativas como personas jurídicas pero a la vez las regula como organizaciones comunales cuya propiedad sobre sus tierras es imprescriptible, para luego, en el Código Civil, establecer que estas son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Era más que previsible el derrumbe de popularidad del Presidente porque no se puede sostener una gestión de gobierno sin gestión porque ésta es la única vía para satisfacer expectativas ciudadanas generales. El error presidencial es haberse creído el rey del ajedrez político peruano cuando, tal vez, es solo un alfil desechable en alguna jugada que interese al poder oculto detrás del trono.

En muchas ocasiones hemos sostenido que no hay peruano antiminero sino agitadores que se aprovechan de contradicciones provocadas por pésimas decisiones gubernamentales y la confrontación cultural entre comunidades que sobreviven en un entorno de hostilidad geográfica y escasez productiva, sin prestaciones adecuadas en salud y educación que los obliga a vivir en siglos pasados y que, repentinam

El debate sobre la conveniencia o no del acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht ha terminado abriendo enormes grietas de inconsistencias institucionales que fortalecen la percepción de la mayoría de la población de que este acuerdo es absolutamente entreguista e inconsistente para el Perú.

Desde hace un buen tiempo hemos venido sosteniendo que detrás del poder político formal aparecía la sombra de un poder detrás del trono que buscaba el control de todo el aparato estatal.