Luis García Miró Elguera

La politización de la Justicia es de las peores consecuencias que reviste el autoritarismo en cualquiera de sus expresiones. Como esta suerte de despotismo chicha que nos ha impuesto un presidente postizo y advenedizo llamado Martín Vizcarra. A estas alturas, habría que ser tonto para negar que la Fiscalía de la Nación está bajo las órdenes del inquilino de Palacio.

En medio de esta coyuntura de manifiesta quiebra constitucional en nuestra nación, es indispensable repasar los episodios de violencia que vienen soportando varios países vecinos. En pleno tercer milenio, cuando Latinoamérica ya daba muestras de haberse superado en materia de golpismos y revoluciones, ocurre precisamente que no fue así.

Resultan alucinantes los resultados preliminares tras el destape de la Caja de Pandora ocurrido en Chile. Una veintena de muertes, crispación social generalizada, absoluto desconcierto en los estratos políticos, turbación extraordinaria en el mundo empresarial, zafarrancho generalizado entre las élites académicas.

Es necesario repasar los episodios de violencia que vienen sucediéndose en nuestras fronteras, en medio de una situación de aparatosa quiebra constitucional ocurrida en nuestro país. En pleno tercer milenio, cuando Latinoamérica daba muestras de haberse superado en materia de golpismos y revoluciones, ocurre precisamente que no fue así.

Ya es incuestionable que en Latinoamérica se ha desatado una avanzada chavista de proporciones tectónicas. El comunismo regional que aún lo digita La Habana, financia Caracas, y ejecuta el Foro de Sao Paulo -ese comunismo que según Vargas Llosa “ya ha desaparecido”- ha orquestado ahora una de sus jugadas maestras dentro de su plan de recomposición.

Los servicios de inteligencia, diplomáticos y políticos de la Venezuela chavista –todos operados desde La Habana- han trabajado sobretiempo para lograr algo que parecía imposible: que la Comunidad Internacional –lamentablemente representada por las Naciones Unidas, ese gran avispero de la izquierda mundial- incorpore a Venezuela, la consuetudinaria violadora de los derechos humanos de los oposi

Un aspecto crucial que necesitamos medir los peruanos que defendemos la democracia y el Estado de Derecho, es que esta gestión –concretamente, el gobierno PPK-Vizcarra- ha provocado un odio entre peruanos como nunca antes existió. Ni siquiera en tiempos del siniestro senderismo, donde el odio era smplemente visceral; más nunca incrustado entre los genes como ocurre ahora.

“Vinieron por los apristas pero yo no hice nada porque no soy aprista... Vinieron por los fujimoristas, pero yo no hice nada porque no soy fujimorista... Vinieron por mí, pero ya no hay nadie que proteste en mi defensa.” El sabio poema del luterano Martín Niemóller -sendas veces atribuido a Brecht- cobra vigencia en nuestra sociedad siete décadas después.

Se estrecha el cerco. Se consolida el golpe. La gestión de Martín Vizcarra y los progre marxistas siguen copando los estamentos del Estado. Menos uno: el Congreso que por ahora no les interesa. Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y los institutos castrenses ya son apéndices del régimen autocrático. Los medios de prensa son lamesuelas del Ejecutivo.

La progresía marxista peruana se rasga las vestiduras, imputando con dedo acusador a cuanto proyecto se haya ejecutado en el país durante los últimos gobiernos. Salvo el caso del latrocinio llamado Refinería Talara. Quizá la obra en la que más ha robado la clase política. Concretamente donde más corrupción ha habido.

Vargas Llosa es uno de los mayores culpables del zafarrancho en el que se ha vuelto el Perú, país que -según ha declarado Carlos Alberto Montaner, eximio latinoamericano políticamente mucho más acertado que el Nobel novelista nacionalizado español- “se encontraba rumbo al primer mundo, como Chile”.

El cable anuncia el arresto de doce fiscales de la división Federal de Impuestos de la Fiscalía de Brasil, equivalente a la sección de delitos tributarios del Ministerio Público peruano. Fueron detenidos por la Policía de Río de Janeiro del vecino país acusados de sospecha de haberle cobrado sobornos a los imputados de la trama Lava Jato.

Se complica el panorama porque la izquierda chavista empuja a Vizcarra para meterse por la puerta falsa y cambiar nuestra Carta Magna por una vil constitución calcada del socialismo bolivariano del tercer milenio. La izquierda criolla se siente ganadora tras el golpe de Estado ejecutado por Vizcarra. Cierto que ahora domina el aparato estatal y cuenta con el respaldo de la prensa encanallada.

La desesperación viene cundiendo en el régimen golpista de Martín Vizcarra, así como entre sus medios de comunicación cómplices, aquellos mandos militares echados al régimen usurpador, y los politicastros de la progresía marxista que rodean a Vizcarra.

Los molinos de viento constitucionalista atormentan al Quijote de la progresía marxista y desafortunadamente también presidente inconstitucional del Perú. Su paranoia llega al extremo de gritar.

De manera unánime, inmediata, contundente y ejemplar, los organismos encargados de los procesos electorales –Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC- han resuelto tácitamente la inconstitucionalidad de la convocatoria a comicios congresales que pretendiera imponer el régimen golpista de Vizcarra, trasgrediendo el artículo 134 de la Constitución.

Mediante un simple Decreto de Urgencia DU, el presidente golpista ha convocado a elecciones legislativas en medio del gigantesco zafarrancho jurídico-constitucional que ha provocado la clausura del Congreso.

Diosdado Cabello, eminencia gris del chavismo, celebra la “brisita bolivariana” que flota sobre Perú, Ecuador, Argentina, Honduras y Brasil.