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Enrique Valderrama

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Director de la plataforma de opinión Web Punto de Encuentro. Coordinador del Centro para la Democracia Social. Activista Político.

La trama #VacunaGate ha dejado muy mal parado al Gobierno Morado de Francisco Sagasti, ya que bajo sus narices se han vacunado ilegalmente cientos de funcionarios públicos, incluidas nada menos que Pilar Mazzetti, ex titular del Minsa y la excanciller Astete. Pareciera que Sagasti se encuentra en las nubes y todo el mundo actúa a sus espaldas y/o hace lo que quiera.

Después de conocida la vacunación clandestina que benefició a Martín Vizcarra y a su esposa, quizás a algunos allegados VIP más, ha quedado por fin claro que se trata de un personaje sin escrúpulos, un inmoral mitómano y un cobarde, que sin duda merecía la vacancia en noviembre pasado y hoy merece una inhabilitación política por el Congreso de la República y un proceso penal.

Hace algunas semanas, en un Editorial de “Punto de Encuentro”, cuando el actual Gobierno inició una lamentable campaña de maltrato al cuerpo policial, recordábamos a la ciudadanía y comunidad política que la PNP es el Pueblo Uniformado.

Desde hace 10 años se vive en el Perú el gobierno, sin contrapeso, de un poder conjugado que involucra a la “constructocracia”, es decir a las megafirmas Lava Jato, a cierto sector empresarial minoritario, que se comporta más bien como una lumpen-burguesía mercantilista abusiva de su posición de dominio oligopólica, a cierto sector de la prensa ávida por publicidad estatal y a una red de oenegé

El pedido de Martín Vizcarra de postergar las elecciones del 11 de abril -ha propuesto el 23 de mayo- da cuenta de que su administración fue negligente respecto a las vacunas, las pruebas moleculares y de toda estrategia de salud pública racional con el velado interés de que, al llegar a este punto, se posterguen las elecciones y continuar en el poder.

Si tuviéramos que hacer un resumen de lo que han significado estas primeras semanas del año podríamos sintetizarlo en: un Gobierno sin brújula, indicios de ideologización, un Parlamento inexistente, la segunda ola del Covid-19 y un claro enrarecimiento electoral.

Previo a la covid-19 en Latam se vivía un clima de convulsión social originado por algunas injusticias severas de orden reivindicativo existentes y reales, pero instrumentalizadas con suma habilidad y propaganda por acción de una estrategia bien pensada desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

Un gobierno ordinario, elegido por los votos del pueblo, de 5 años, suele ser juzgado con un mayor nivel de severidad a partir del primer año de su ejercicio del poder; en este plazo de tiempo pueden verse ya las bases o principales rasgos que marcarán el quinquenio.

El 2020 ha sido un año complejo y difícil, de reconfiguración mundial de la vida social, la economía y la valoración misma de la efectividad de la democracia frente a retos mayúsculos como una pandemia. Los modelos políticos cerrados asiáticos parecen haber llevado el asunto con efectividad y bastante tecnología; también en otros puntos del oriente como Taiwán el resultado ha sido bueno.

El Perú requiere un cambio de timón. Hemos vivido 10 años de degradación en el manejo del Estado en los cuales los presidentes que se han sucedido han priorizado la polarización política y el despilfarro en el gasto de los recursos públicos sin contar con hoja de ruta para la generación de empleo.

Ha sido el propio exministro del Interior de Sagasti, Cluber Aliaga, quien informó que:
“Un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo refirió que no existían personas por ubicar a causa de las manifestaciones. Existen indicios razonables de tratarse de una falsa denuncia de desaparición en el caso de la única persona que no registra DNI”.

El Gobierno del Partido Morado, liderado por el presidente interino Francisco Sagasti, ha dado un primer paso en falso al persistir en una extraña e ilegal intentona de tomar el control de la Policía Nacional del Perú, seguramente para instrumentarla políticamente después.

Tremendo malestar está causando en la Policía Nacional del Perú la decisión del presidente Sagasti y del ministro del Interior Rubén Vargas al ascender al general Cervantes como director general de la PNP. Para viabilizar este despropósito, tuvieron que dar de baja a casi 20 generales que estaban antes que el mencionado en el escalafón.

La demonización y criminalización que intentan sectores ultras respecto a la PNP merece mi más enérgico y amplio rechazo. La policía ha entregado héroes y sangre en resguardo de la patria. Libraron la dura batalla contra el senderismo y hoy libran una encarnizada guerra contra la inseguridad ciudadana, contra el crimen organizado.

Me parece pertinente que las autoridades del Apra convoquen a un Plenario Nacional a la brevedad y consulten a las bases de todo el país su opinión sobre el delicado momento que vive la patria. En ese sentido planteo mi posición pública de la que debiera ser:

La vacancia que hoy discutirá el pleno del Congreso es mucho más potente que la que se pidió cuando se conoció el tema “Richard Swing”; estamos hablando aquí de cuando menos 6 aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que el presidente sustituto habría recibido coimas.

Se presentarán en estos comicios electorales de abril del próximo año una veintena de registros políticos; la inmensa mayoría de ellos carrozas electorales o cascarones sin ideología conocida, sin una perspectiva del Perú mínima a mediano plazo, sin un paquete programático ordenado y con nula articulación social.

El ingeniero Vizcarra y varios de sus voceros oficiosos están declarando que el segundo capítulo de la posibilidad de la vacancia en su contra es una maniobra golpista de Antauro y sus seguidores en el Congreso.

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