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César Gutierrez Peña

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El próximo 20 de agosto se cumplen 20 años desde el inicio de la operación del gas de Camisea. Se espera un despliegue mediático de los logros por parte del consorcio a cargo de la explotación, operada por la argentina Pluspetrol.

El mensaje presidencial no ha traído temas para el análisis de los suspicaces. Algunos dirán que sí, refiriéndose al anuncio de la fusión de cuatro ministerios y de la creación de uno nuevo. Solo será materia de entretenimiento para los analistas políticos en las próximas semanas.

El costo del gas natural vehicular (GNV) que utilizan los buses del Metropolitano se ha convertido en tema de discrepancia entre los concesionarios (CsM) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), estando de por medio el suministrador, que es la empresa PGN Norte SAC (PGN), y la distribuidora de gas natural (GN) por ductos de Lima y Callao, Cálidda.

La Tercera Sala Penal Unipersonal Anticorrupción decidió el pasado viernes 12 la absolución de los dos acusados en uno de los dos procesos penales que existen sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Esta decisión tendrá influencia en una segunda causa que involucra a Ollanta Humala, Nadine Heredia, cinco exministros de Estado y tres exfuncionarios de Proinversión.

Después de 10 años, el próximo viernes 12 de julio se dictará la primera sentencia de uno de los dos procesos judiciales relacionados con el otorgamiento de la buena pro del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Corresponde a la acusación por colusión contra la Dra. Claudia Hokama y el Ing.

Los astros se le han alineado al gobierno para tener un valle en la caída libre de la aprobación que venía experimentando.

La semana pasada el tema de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) se puso en el centro de la noticia local, la razón, el ocultamiento por parte del expremier Alberto Otárola de una carta dirigida en octubre pasado, desde la mencionada organización, recomendando que no se apruebe las modificaciones a la ley de colaboración eficaz, que luego fue aprobada en marzo de e

La semana pasada se difundió en redes sociales una supuesta enmendadura de plana internacional al gobierno peruano sobre la cantidad anual de emisiones de gases de invernadero (GEI). Habría ocurrido durante la Conferencia Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, que se realizó este mes en Bonn, Alemania.

El Legislativo decidió la semana pasada ponerse en modo interpelación y se obtuvieron los votos suficientes para llevar a tres ministros del gabinete Adrianzén, a comparecer ante el pleno: el de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho; el de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes y el de Economía y Finanzas (MEF), José Arista.

Está próximo a discutirse en el pleno del Congreso, el proyecto de ley que permitiría a las Mypes transar la contratación de su suministro de potencia (capacidad) y energía en el mercado libre de electricidad, que hoy se encuentra a disposición de los usuarios con demandas superiores a los 200 Kilovatios (KW), planteándose que escalonadamente entre el 2025 y 2029 ingresen consumidores de hasta

A cada problema complejo en entidades gubernamentales, las autoridades del más alto nivel del Ejecutivo y los miembros del Congreso dan solución inmediata con la palabra reorganización.

Avanza a paso acelerado la propuesta legislativa de incluir a las Mypes en el mercado libre de electricidad-transacciones directas productor y usuario-, con el que supuestamente se beneficiarán con un bajo costo, serían más competitivos y crearían más fuentes de trabajo.

Discurseros de primer orden y practicantes de últimos de la fila nos hemos convertido en objetivos ambientales, tendencia desde hace 21 años sin que ningún gobierno sea exonerado. La razón está en la desidia, desconocimiento, decisiones inconexas entre instituciones estatales y sometimiento de autoridades a la agenda de intereses empresariales privados.

La demagógica prédica de la masificación del gas natural (GN) está en su punto más alto en los medios de comunicación, siendo los promotores la concentración empresarial colombiana en alianza con el Ejecutivo.

No hay evaluación del rol social y del uso eficiente de recursos que debe tenerse en cuenta al momento de decidir sobre la trillada masificación del gas natural (GN).

Aún no culmina el affaire de los relojes Rolex de la mandataria Dina Boluarte y su wayki ayacuchano Wilfredo Oscorima, y ya está en cartelera un nuevo capítulo que se llamaría “la parcera colombiana del gas natural (GN)”

El debate sobre el llamado “mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del gas natural (GN)” ha generado airadas peroratas, incluyendo premoniciones de malos tiempos en las regiones, de parte de los voceros oficiales y oficiosos de los concesionarios de procedencia colombiana.

Las decisiones que tome la desacreditada alianza Ejecutivo-Congreso no solo tendrán que ser revisadas a posteriori, sino investigadas en las personas involucradas en su origen y promulgación como leyes, más aún después del desvergonzado blindaje a Dina Boluarte en el “rolexgate”, que genera legítimas suspicacias de lo realizado y de lo que está por realizarse.

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