Ángel H. Romero Díaz

Desde que el presidente Martín Vizcarra anunciara hace una semana que había llegado al Perú el primer caso de persona contagiada con el coronavirus COVID-19, el número de casos con este mal había subido a 17, según reporte de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. Las personas portadoras del virus, según todos los datos, llegaron al país procedentes de España e Italia, principalmente.

La violencia sexual contra menores en el país no se detiene. Por el contrario, se incrementa frente al estupor ciudadano. Lo que ha ocurrido esta semana con una niña de cuatro años, raptada por un adolescente y luego violada y asesinada en el distrito de Independencia, no tiene nombre. Al parecer, hemos tocado fondo como sociedad.

La historia se repite.

No estamos preparados, como sociedad, para tratar a personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Ello se advierte en nuestras relaciones cotidianas, frente a casos concretos. Como tampoco están preparadas las mismas ciudades, como espacios de interacción social, para atender las necesidades de estas personas que requieren, por obvias razones, de un trato especial y diferenciado.

El impacto del coronavirus para la economía mundial, resultó ser el más letal que se recuerde en el mundo, en lo que va del siglo. Las bolsas de valores cayeron, la economía sufrió fuertes reveces y la incertidumbre empezó a apoderarse en los principales agentes financieros en el mundo. Nadie pudo prever lo ocurrido, ni los efectos que pudo traer consigo en tan poco tiempo.

Frente a la decisión de la empresa Odebrecht de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para reclamar al Estado peruano el pago de 1,200 millones de dólares por haber resuelto el contrato del Gasoducto Sur; las reacciones de rechazo contra la constructora brasileña no se hicieron esperar.

Terminada las elecciones para elegir a nuestros representantes al Congreso de la República, empieza una nueva etapa, la más difícil por las grandes expectativas que el pueblo ha depositado en sus nuevas autoridades.

No sólo en los casos complejos, sino en todas las investigaciones que se realicen para perseguir el delito, por pequeñas que sean, debemos dejar que sean las autoridades pertinentes y competentes quienes hagan su trabajo, se tomen su tiempo y resuelvan con prolijidad y sentido de justicia lo que se tenga que resolver.

Esta semana las redes sociales cobijaron y difundieron con la rapidez que solo ellas son capaces, lo que en el mundo de las comunicaciones modernas se conoce como fake news o “noticia falsa” y que involucraba a una alta dirigente política y actual congresista presentándola como paciente de una enfermedad mental. Ella misma se encargó de desmentirla.

Seis de los siete miembros titulares de la flamante Junta Nacional de Justicia fueron, finalmente, juramentados por la Comisión Especial, especialmente designada para llevar adelante el proceso de selección.

Iniciamos el nuevo año con una disposición importante y auspiciosa en la lucha para reducir la violencia contra la mujer.

El 2019 que termina en unos días quedará registrado en la memoria de los peruanos como el año en que el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar el Congreso de la República; el suicidio del ex mandatario Alan García, la prisión preventiva de altos dirigentes por estar bajo sospecha de estar vinculados a casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y lavado de dinero, entre otros.

Las fiestas navideñas han llegado, este año, sin mucho ruido y con más recato comercial a diferencia de otras épocas.

El nueve de diciembre pasó desapercibido y casi anulado por los temas de coyuntura que son los que concitan más la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

La Municipalidad de San Borja multó, recientemente, a la cadena de multicines Cineplanet al constatar que no brindaba accesos adecuados para las personas con discapacidad en su local del referido distrito.

El Tribunal Constitucional (TC), como lo conocemos, tiene su origen como institución orgánica en la Constitución de 1979 la misma que se promulga como pacto social emanado de la respuesta política que se da al culminar el gobierno militar iniciado en el año 1968 (golpe de Velasco Alvarado).

Tremenda coincidencia la que habrá esta tarde y noche en diferentes escenarios masivos de Lima. Fútbol y conciertos musicales, casi al mismo tiempo.

Lo ocurrido en el vecino país de Bolivia tiene que llamarnos, una vez más, a una profunda reflexión: esa extraña fascinación por el poder y tratar de perpetuarla a como dé lugar, tiene sus riesgos y resulta perniciosa para la democracia.