En un par de días, el Gabinete se presenta al Congreso para los fines del voto de investidura. Más allá de la discusión académica si se trata de investirlo u otorgarle la confianza para continuar, no tenemos duda de que al alicaído Parlamento no le queda otro camino que darle el visto bueno a este flamante Consejo de Ministros poco plural.
ÚLTIMA HORA
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Alejandro Tudela Chopitea
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Una digresión previa: Conocida la sentencia dictada por el TC en mayoría, debemos borronear algo. El fallo falla y omite pronunciarse sobre una controversia constitucional que era y es insoslayable para el presente político e institucional del país. Una pena que el supremo Tribunal de control de la Constitución haya decepcionado a la Nación y ojalá su decisión no la lamentemos más adelante.
Cuando se publiquen estos borrones, el nuevo capítulo de la vacancia presidencial habrá terminado y aunque esperamos el mismo frustrado desenlace que el anterior no podemos ocultar nuestra repugnancia por la presunta responsabilidad penal por corrupción que cada día más pesa sobre el Primer Mandatario y por la que tendrá que responder a su debida hora.
Hace unas semanas escribimos sobre la decisión de la fiscal de la Nación de abrir investigación preliminar sobre la presunta responsabilidad penal del presidente Vizcarra derivada del repugnante “Caso Swing” y de reservar la actuación de las diligencias hasta el término de su mandato dada la prerrogativa de que goza conforme al artículo 117 de la Constitución.
De vuelta al dramático dilema: ¿Qué es mejor, seguir con un Presidente bajo investigación por presuntos delitos de corrupción o vacarlo del cargo al caballazo y que lo sustituya el titular del Congreso? Encrucijadas como ésta enredan de nuevo al país en pésima hora y sin que el TC, cual Chapulín salvador, pueda ayudarnos a salir del disparadero por el momento.
En el Referéndum Nacional realizado el domingo 9 de diciembre de 2018 votamos en contra de la prohibición de la reelección inmediata de los parlamentarios y no por falta de ganas, sino porque este veto popular no resolvería el problema de fondo del creciente desprestigio de este poder del Estado.
El comunicado de la Fiscalía de la Nación sobre la situación del Presidente de la República en el repugnante “Caso Swing”, merece algunos renglones.
Desde que empezó hace casi siete meses la Emergencia Sanitaria y luego el Estado de Emergencia Nacional con la consiguiente suspensión de derechos constitucionales (ergo, libertades personal, de tránsito y de reunión) e imposición de medidas extraordinarias (aislamiento e inmovilización social obligatoria, eufemismo de cuarentena y toque de queda), el grupo etario más afectado por la maldita pa
Al pergeñarse estos renglones, ya se conocen las normas de Reforma Política que regirán las elecciones generales de abril del año próximo. Más importante que dedicarnos prematuramente a los aspirantes y precandidatos que han aparecido como hongos, es hacer un balance de las reformas de marras.
Un congresista que nos merecía antes mejor consideración que hoy, justificó a regañadientes su voto en contra de la vacancia del presidente Vizcarra en la “disciplina partidaria” ya que para él la conducta del jefe de Estado lo ilegitima para el cargo y es según la doctrina un “Pato Cojo”.
Atravesamos una gravísima crisis sanitaria, económica y social y, por si fuese poco, ahora los que se supone son los Guardianes de la República como diría Platón la empeoran agregando el caos político que se originaría en un par de días de producirse la vacancia del jefe de Estado por presunta incapacidad moral declarada por el Congreso.
No es novedad que un Tribunal Constitucional (TC) incomode a los poderes políticos, sea el Legislativo o el Ejecutivo. Pasa en todo el mundo democrático ya que en las dictaduras o autocracias no existen o son meras comparsas o entidades mediatizadas como ocurrió con el TC defenestrado en tiempos del fujimontesinismo.
El Presidente de la República, entre otras atribuciones establecidas por la Constitución, goza y ejerce la de nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso.
Hace varios años estuvimos en San José, capital de Costa Rica, y apenas pudimos darle un vistazo al cercano cantón de Escazú. Hoy, esta bella localidad montañosa es el sobrenombre del polémico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Por lo menos tenemos al Gabinete Martos investido y la absurda crisis política engendrada no se añade por el momento a la catástrofe económica y social originada por la pandemia del Covid-19.
Después de la irresponsable denegatoria de confianza parlamentaria al Gabinete Cateriano, se nos ocurrió repasar el libro “Radiografía de la Política Peruana”, una genial sinopsis histórica e ideológica del accidentado devenir político republicano escrito hace 60 años por Carlos Miró Quesada Laos, el popular “Garrotín”.
Después de la patinada experimentada por creer que el postrer Mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra estaría a la altura de la catástrofe sanitaria, económica y social que sufre el país, pocas ganas nos quedan al borronear estas líneas para hacer anticipos sobre lo que será la presentación del premier y su Gabinete ante el Congreso a fin de exponer la Política General de Gobierno frente al
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