Escazú en la mira
Hace varios años estuvimos en San José, capital de Costa Rica, y apenas pudimos darle un vistazo al cercano cantón de Escazú. Hoy, esta bella localidad montañosa es el sobrenombre del polémico Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Auspiciado por la también controvertida CEPAL, el Acuerdo adoptado en Escazú el 4 de marzo de 2018 y suscrito por el Perú si bien reconoce expresamente la soberanía de los Estados Partes sobre sus recursos naturales tiene por objetivo promover que en el desarrollo de los proyectos y ejecución de las inversiones se garantice la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisión ambiental y la tutela judicial en temas ambientales. El Tratado se halla ahora en el Congreso para su aprobación conforme a la Constitución y las opiniones a favor y en contra son variadas y encendidas.
Para un sector, el Acuerdo de marras implica abdicación de la soberanía y jurisdicción nacional; pone en riesgo el derecho sobre los recursos naturales del país, en especial los de la Amazonía, y resulta inconstitucional. Para el otro, es todo lo contrario: un avance regional en materia de transparencia, protección ambiental y defensa de los derechos humanos. Ambos tienen razones y lo primero que habría que criticar a estas alturas es la tardanza en el inicio de la discusión pública y la tibieza demostrada por el Gobierno sobre algo que ha firmado hace más de dos años.
En teoría, el Acuerdo, dada su naturaleza multilateral, resulta positivo en materia jurídico-ambiental y los medios de solución de las controversias que establece no son diferentes a los que el Perú se ha sometido internacionalmente. El problema radica que, en la práctica, los grandes beneficiarios públicos de su aplicación serán las ONG y Asociaciones locales y/o extranjeras no todas santas ni debidamente fiscalizadas por el Estado y que en estas condiciones podrían constituir un factor de mayor conflicto socio ambiental interno del que ya tenemos, sin descartar uno de carácter supranacional.
El Acuerdo de Escazú no ha entrado aún en vigor. Lo sensato, por lo menos, es ir despacio y tomar la mejor decisión para el Perú. ¡AMÉN!
