¡Volemos alto, de una vez por todas!

Seguimos perdiendo competitividad, nuestra otrora buena reputación como un escenario fértil para la inversión, se va desvaneciendo y ello, nos impacta a todos. El principal responsable es el Estado, que se ha vuelto en el mayor enemigo del inversionista, a pesar de la prédica populista de sus funcionarios. Los empresarios son unos perseguidos por las mil regulaciones y entidades fiscalizadoras. No dan ninguna tregua. Las multas inconmensurables y los cierres municipales los quiebran. Años de esfuerzo se vienen abajo por absurdas decisiones discrecionales de empleados públicos poco preparados o envidiosos. El poder que les da estar detrás de la ventanilla y la satisfacción de ejercerlo sin piedad es indescriptible.

La actividad minera, nuestra mayor ventaja comparativa como país, está atrapada desde hace años en un fangoso mundo de trámites, licencias y abusos. Juan Carlos Castro, ministro de Ambiente ha prometido, casi bajo juramento, que en 28 de julio la presidente (si se mantiene hasta esa fecha la señora Fraude) anunciará medidas que reducirán los permisos a menos de un año, especialmente las certificaciones ambientales para destrabar por lo menos 32 proyectos mineros y alcanzar los niveles de Chile y Colombia. ¿Le creemos?

NO, porque no es tanto un tema de normas y plazos incorporados en un TUPA, que por lo general son bastante aceptables, sino la incapacidad de los funcionarios que tienen todo el control de las decisiones y que determinan la falta de predictibilidad.

Los ministros, especialmente en el Perú, tienen una inmensa rotación, son verdaderos fusibles y piensan que tienen el poder, pero se equivocan; muchos ni siquiera conocen como funciona su burocracia interna, no les da tiempo. Un ministerio es controlado por sus mandos medios, aquellos entornillados gestores públicos que no arriesgan su puesto por nada ni nadie. Podrán cambiar los procesos en el papel, pero mientras se mantenga a los mismos timoratos, corruptos o ignorantes a cargo de la evaluación, nada cambiará.

Además, en el caso de la minería, es esencial eliminar la Licencia Social para las actividades de exploración, es la prioridad número uno, de lo contrario seguiremos perdiendo competitividad. Las comunidades campesinas dueñas de los terrenos superficiales (o usurpadoras en muchos casos) están absolutamente desinformadas o maliciosamente engañadas de hasta donde alcanzan sus derechos, muchas incluso creen que tienen título para participar en los procesos de concesión. Confunden cualquier actividad minera esporádica con la explotación, generando siempre un ambiente hostil y costoso.

Toda esta corriente antiminera que tanto daño le ha hecho a nuestro país está promovida por bandas criminales como la de los Chávez Sotelo que azuzaron los conflictos en Las Bambas, pero también por algunas ONG ecologistas financiadas desde el exterior que, aprovechándose de la ignorancia de la población, generan falsos temores de daños ambientales y contaminación por parte de la minería formal. A la ilegal o informal, que ha destruido vastas zonas de nuestro territorio, ni la tocan. No les es rentable.

En este escenario, donde la minería debe mantenerse como uno de los principales generadores de riqueza del Perú, destaco la propuesta de Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad de Minería (El Comercio 20/06/2024) en el sentido que lo más conveniente sería desglosar el portafolio de cobre en dos clústeres interregionales y adoptar un modelo colaborativo para optimizar el uso de infraestructura entre proyectos, en especial vías de comunicación e instalaciones portuarias, que hoy generan considerables ineficiencias. Así, destaca la experiencia del mineroducto utilizado por Antamina, que transporta sus concentrados de cobre y zinc hasta el puerto de Huarmey, constituyendo un sistema más idóneo y ambientalmente amigable que un ferrocarril.

El problema es el gobierno quiere seguir haciendo más de lo mismo –que sabemos no está funcionando– y no buscar soluciones alternativas, fuera de la caja. Atrévanse a asumir riesgos y a pensar a nivel de los países desarrollados, aunque exista un larguísimo camino por recorrer.

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