VIS fraudulenta
Mientras el Gobierno sigue dando palos de ciego en la lucha contra la inseguridad ciudadana, o se hace el ciego –o algo peor– para capturar al prófugo supuestamente más buscado, cuando la variopinta mayoría “democrática” del Congreso hace cuanto está en sus manos para favorecer la impunidad de la criminalidad organizada y debilitar la seguridad jurídica en el país, existe otro tema metropolitano y también regional que evidencia el grado de descomposición institucional y corrupción pública en que está sumida la República.
Nos referimos al tremendo y creciente negociado que, desde el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se permite llevar a cabo con la promoción indiscriminada de los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). Ni siquiera durante la dictadura velasquista ocurrió algo parecido.
Nadie en su sano juicio puede oponerse a una recta política de cierre de la brecha habitacional que afecta a la población nacional más necesitada y, para ello, es justo apoyar los programas, proyectos, bonos y subvenciones del FONDO MIVIVIENDA (FM). Pero una cosa es esto, y otra lo que desde el 2018 viene pasando en la capital y otras ciudades, amparado en los decretos dictados al caballazo por el MVCS, usurpando las atribuciones y competencias de los Gobiernos Locales, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ha tratado de ponerle un pare en el 2023. En efecto, con el cuento de promocionar unidades VIS y haciendo cera y pabilo de los parámetros urbanísticos y edificatorios municipales, malas y codiciosas empresas desarrolladoras y constructoras urbanas han levantado y aún pretenden levantar edificios de quince pisos o más de altura en zonas no calificadas, metiendo VIS de contrabando con áreas de 20 a 50 m² cuando el precio de las mismas excede largamente el valor de este tipo de viviendas, que, por cierto, no serán ocupadas por los grupos familiares beneficiarios del FM, sino destinadas a inversionistas, especuladores y para fines de arrendamientos AIRBNB. Todo un fraude de ley que no puede tolerarse.
En mayo de 2023, el TC falló declarando la inconstitucionalidad de la normativa VIS aprobada por el MVCS, dándole la razón a las municipalidades provinciales y distritales. El Ministerio de marras, zurrándose en el cada vez más precario Estado de Derecho del Perú, acaba de promulgar el Decreto Legislativo N.º 1674, que aprueba la modificatoria de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en el que reincide y, aún peor, en la usurpación de la competencia de los Gobiernos Locales.
Es público que varias municipalidades han vuelto a recurrir a la vía judicial, y Dios sabe lo que ello toma, sobre todo si no se otorga una medida cautelar. Por ello, sin el apoyo mancomunado de la participación ciudadana y la protesta pacífica vecinal, difícilmente se podrá parar este atropello, máxime si este régimen dizque va a durar hasta el 2026. ¡AMÉN!
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