Una guerra declarada

El 12 de marzo de este año, el pleno del Congreso de la República aprobó la creación de la comisión investigadora multipartidaria de los acuerdos de colaboración eficaz firmados entre la empresa brasileña Odebrecht y el Estado. Días después, la presidencia recayó en el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Este prometió entonces trabajar “para que la verdad no sea callada” y esclarecer todo hecho vinculado al proceso de negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo.
Según afirmó Muñante, “este acuerdo, que debió representar un instrumento jurídico útil para combatir la corrupción y garantizar la reparación efectiva del Estado, ha causado daño y ha sido objeto de severos cuestionamientos que ameritan una investigación exhaustiva y transparente, para determinar responsabilidades y las respectivas sanciones”. Sostuvo que no debe quedar impune “ningún agravio contra el Estado”.
La comisión inició sus labores invitando a funcionarios, expertos, juristas y ciudadanos vinculados de alguna forma a la materia investigada. Sin embargo, encontró una fuerte resistencia en el ciudadano Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien se negó rotundamente a asistir a la comisión para aportar información que pudiera contribuir a esclarecer los hechos.
Gorriti, como es de dominio público, es quien más ha escrito sobre el caso y ha tenido un protagonismo comparable —o incluso mayor— al de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, responsables de conducir las investigaciones sobre los casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Ante su negativa, Muñante recordó que su comisión está facultada para invitar a cualquier persona que considere útil para cumplir sus objetivos y que, en casos de resistencia extrema, no dudará en recurrir a los apremios de ley para conducirla por la fuerza. “¿A qué le teme? Venga y dé la cara”, le respondió el congresista a Gorriti.
El artículo 97 de la Constitución Política señala: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. (…) Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”.
Por su parte, Gorriti reaccionó con un mensaje desafiante ante la posibilidad de ser conducido por la fuerza, como expresó en una entrevista digital: “No voy a ir, y si en el supuesto caso que pretendan conducirme por la fuerza, eso es una decisión que tienen que pensarlo muy bien porque tendrá consecuencias para ellos”. Estas declaraciones fueron consideradas por parlamentarios de diversas bancadas como una seria amenaza.
El convenio celebrado entre el Estado peruano y Odebrecht, en el marco de las investigaciones fiscales, es de evidente interés público. Resulta indispensable conocer en qué consistió, qué se logró, qué se dejó de hacer y si hubo perjuicio al Estado. No existe razón válida para negarse a colaborar con lo que se sabe.
Nada pierde Gorriti al aceptar la invitación que nuevamente pueda cursarle la comisión. No se le exige revelar sus fuentes ni atentar contra la libertad de prensa. Si considera vulnerado este derecho, puede guardar silencio, pero no negarse a asistir, pues ello significaría desacatar una norma constitucional. Salvo que pretenda imitar a quienes, desafiantes, no acatan resoluciones de obligatorio cumplimiento.

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